Reformas a la Constitución, poder y pugnacidad política

Kenneth Burbano Villamarín

Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre 

Avanza la nueva legislatura en el Congreso de la República de Colombia, en la que habrá dificultades por las elecciones territoriales. La Constitución de 1991 cumplió el pasado 4 de julio 32 años y ha sido reformada por 53 actos legislativos y 5 más que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Los intentos de reforma constitucional son frecuentes, en la pasada legislatura, según el Informe de Seguimiento Legislativo 2022 – 2023 de la Misión de Observación Electoral (MOE), se presentaron 32 proyectos de acto legislativo. En el mencionado periodo se hicieron tres reformas, siendo significativo el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional (A. L. 01/23) y el establecimiento de la jurisdicción agraria (A. L. 03/23). También se modificó el artículo 138, ampliando el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República entre el 16 de febrero y el 20 de junio (A. L. 02/23).

Las numerosas modificaciones a la Constitución de 1991 pueden significar que la sociedad colombiana se transforma y requiere adecuar los mandatos del constituyente primario con la vida real, sobre todo en un país sumido en la violencia hace décadas, con serios problemas de exclusión y cuyos asociados reclaman pronta intervención del Estado y acciones del Gobierno ante necesidades apremiantes. Si bien es cierto que la Constitución vigente se cimenta en valores, principios y derechos ampliamente estipulados, estos evolucionan, su materialización se dificulta o se requiere mejorar las instituciones y los mecanismos de protección. En otra orilla están quienes consideran que las constantes reformas a la Constitución ponen en peligro su carácter de norma fundamental y afectan la seguridad jurídica. Con todo, es evidente que no basta con reformar la Constitución y sacar leyes para resolver los problemas sociales, se debe indagar a fondo las causas y es determinante la voluntad política.

Este es un momento propicio para recordar al filósofo y político alemán Ferdinand Lassalle (1825-1864), quien durante su célebre conferencia pronunciada ante una agrupación ciudadana en Berlín, en abril de 1862, formuló las siguientes preguntas ¿qué es una Constitución? y ¿en qué consiste la esencia de una Constitución? Respondió que una Constitución no es una hoja de papel, es, en esencia, la suma de los factores reales de poder que rigen ese país. Las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social. Y ante las leyes arbitrarias se revelaría con fuerza la cultura colectiva y la conciencia social de un país, pues estas son un fragmento de la Constitución.

En nuestro país, dentro del llamado juego democrático y en diferentes gobiernos, está el cumplimiento de las promesas de campaña, no interesa si son banales, inconstitucionales o sustanciales; el Gobierno de turno y el partido o los partidos afines a este las impulsan, las consideran trascendentales, se suele decir que la gente votó por esas propuestas; por otro lado está la oposición con los mismos argumentos. Hay una tendencia a reformar la Constitución, a la multiplicación de leyes y de normas con todo tipo de justificaciones; coincido con quienes consideran que la sobrerregulación es un grave problema que refleja una sociedad compleja y estremecida, siendo necesario que el Congreso de la República se autorregule, así como el Ejecutivo. Lo mejor sería desarrollar la Constitución de 1991, que las leyes existentes se cumplan y que las nuevas sean absolutamente necesarias. Ello no quiere decir que algunas reformas no sean pertinentes y útiles como lo manifesté arriba.   

Las iniciativas legislativas y los proyectos de reforma constitucional continuarán en la legislatura 2023-2024, lo importante es que sean propuestas serias, estudiadas, que se dirijan a satisfacer las condiciones de vida digna de las personas y al mejor desempeño de las instituciones; que apunten al logro de la paz y superar la desigualdad, así como a mantener la progresividad de los derechos y libertades, entre otros asuntos sustanciales, lo que permitirá afianzar un mejor futuro. Por ahora, los logros del Gobierno y el Congreso en materia de paz y acceso a la tierra se opacan con los escándalos y la pugnacidad política. Serán la cultura colectiva y la conciencia social del pueblo colombiano las que guíen el rumbo.