Un nuevo contrato social

José Miguel De la Calle

Socio de Garrigues

A pesar de que el país suscribió en 1991 una nueva Constitución que marcó el derrotero esencial para toda la sociedad y que, en tiempos más recientes, firmó un Acuerdo de Paz que permitió la finalización del grupo guerrillero que más daño le ha hecho a la población, la nación está cada vez más lejos de alcanzar consensos sobre las reglas esenciales que deben regirnos. Aunque las diferencias de opinión no son, en sí mismas, dañinas para la democracia y pueden prodigar los beneficios propios del pluralismo, el nivel tan avanzado de polarización está llevando al país a un grado de fractura que impide la consolidación de las instituciones y el ejercicio eficiente de las tareas gubernamentales.

Las redes sociales han ayudado a exacerbar una cultura de procurarse “el éxito” a partir de la radicalización de posturas y de un exhibicionismo digital, lo que ha convertido a muchos en esclavos del “like”.

Los individuos han perdido la capacidad de tomar posturas objetivas o razonables, porque el sistema los obliga a extremar sus puntos de vista, afiliarse a grupos de choque y montarse en espirales argumentativas, si quieren asegurar su supervivencia dentro de la nueva sociedad digital. Por ello, en parte, la legitimidad de las instituciones se ha venido a menos y ello se traduce en el debilitamiento del Estado, como ente gestor de los bienes públicos. Así, vemos con frecuencia en los medios de comunicación a personas anunciando que no acatarán una decisión judicial, sencillamente porque no les conviene. En sentido similar, las posiciones que se oyen sobre un tema, como, por ejemplo, la reforma tributaria, se hacen muchas veces desde el interés personal, sin penas ni tapujos.

Es necesario hacer un alto en el camino, para pensar cómo recuperar la legitimidad de las instituciones y construir un consenso social sobre los asuntos esenciales de la vida colectiva. Para ello, es interesante acudir al concepto clásico del contrato social de Rousseau o Locke, bajo la visión moderna de John Rawls.

La legitimidad del Estado proviene del consentimiento tácito de los gobernados. Los ciudadanos mantienen la libertad y sus derechos fundamentales y delegan en el gobierno los poderes de juzgamiento y castigo. Bajo esas premisas básicas se construyen las demás reglas que han de ser seguidas por todos. El problema –como dice Rawls– está en conseguir que los ciudadanos lleguen a ese consenso desprendiéndose de sus propios intereses y sesgos. Es ahí donde surge el concepto de la “posición original”, que consiste en un experimento de pensamiento en el que las personas alcanzan una posición imparcial usando un velo de ignorancia, que les permite liberarse de sus intereses propios, o de su estatus dentro de la sociedad. En el entendido de que la sociedad opera bajo dos supuestos: (i) el de la escasez de bienes y servicios, y (ii) el del conflicto latente entre ciudadanos, la sociedad puesta en modo de posición original verá la necesidad de desechar la regla que hoy prevalece en la mayoría de las sociedades de la maximización de la utilidad, y optará por un punto intermedio, el de la maximización de la utilidad mínima (maximin). Bajo esta última teoría, aun en medio de la desigualdad social y de la situación dada de finitud y conflicto, se conseguirá un reparto más equitativo y armónico de los bienes públicos, que hará que la sociedad en su conjunto sea viable y sostenible.

A nuestra sociedad colombiana le conviene, y es urgente hacerlo, encontrar un mecanismo que nos permita reflexionar sobre los pilares fundamentales de la sociedad del futuro, haciendo un símil de velo de ignorancia y provocando un mecanismo que viabilice la construcción de un nuevo contrato social. Hay que seguir estudiando cómo sería ese mecanismo en la práctica.