Amplificar la decisión judicial: una opción para la justicia constitucional en tiempos del covid-19

Juan Carlos Ospina

Abogado y especialista en cultura de paz

Magíster en Derechos Humanos, docente y doctorando en la Universidad de los Andes

Asesor jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas

La emergencia humanitaria generada por el covid-19 tiene desafíos en casi todos los ámbitos del Derecho, como lo destacó ÁMBITO JURÍDICO, en su edición 538, con especial énfasis en las condiciones de respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Por esta razón, es esperable que aumente la interposición de acciones de tutelas, a pesar de las difíciles condiciones de virtualización de la justicia, y con ello la llegada de expedientes a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Entre el 2015 y el 2018, llegaron por año a la Corte 611.000 acciones de tutela. En el mismo periodo, expidió 2.393 decisiones en esta materia, casi 600 por año. Estas cifras permiten ver que este tribunal ha hecho un importante esfuerzo por atender la demanda de justicia, considerando que cada minuto se interpone una acción de tutela en el país, revisando y seleccionando aquellos casos que consolidan su ya destacable jurisprudencia.

Considerando que un número importante de expedientes de tutela deben estar represados en los distintos despachos judiciales para su envío a la Corte (más de 100.000) y que la emergencia social, económica y, en general, humanitaria derivada de la pandemia significa el aumento de conflictos que acrecientan las solicitudes de justicia por parte de la ciudadanía, es importante analizar las posibilidades de amplificación de los efectos de las decisiones judiciales de la Corte. Esta sería una respuesta a las expectativas de justicia de personas que se encuentran en situaciones iguales de vulneración de sus derechos fundamentales.

Por regla general, en materia de tutela, las sentencias solo surten efectos en el caso concreto. Por esta razón, las decisiones de la Corte Constitucional en esta materia solo impactan las situaciones específicas de las partes involucradas. Sin embargo, la Corte ha aceptado que de manera excepcional los efectos de sus decisiones puedan ser amplificados a personas que se encuentran en iguales situaciones de vulneración de sus derechos constitucionales.

Así, en la actual situación vale la pena considerar la aplicación de los principios constitucionales de racionalidad, eficacia, economía procesal y celeridad, para que las decisiones derivadas de la revisión de las tutelas seleccionadas puedan ampliarse. Los dispositivos que de acuerdo con la Corte Constitucional amplifican la decisión judicial son los efectos inter pares y los inter comunis. Los primeros amplían los efectos a personas que se encuentran en circunstancias similares a las del accionante, salvaguardando el principio de igualdad entre los sujetos pasivos de una vulneración, puesto que las mismas circunstancias exigen que el juez constitucional emita órdenes uniformes para todos los afectados (Sent. T-012/19). Los segundos permiten proteger los derechos de todos los afectados por la misma situación de hecho y cuyos intereses como grupo sean inversamente proporcionales o paralelos a otros en condiciones de igualdad (Sent. SU-037/19).

Son diversos los desafíos que genera la pandemia para la operación de la Corte Constitucional. Por un lado, la revisión de la constitucionalidad de las leyes y reformas constitucionales expedidas por el Congreso y de los decretos legislativos expedidos por el Presidente de la República en uso de facultades del estado de excepción. Por el otro, la eventual revisión de todas las acciones de tutela interpuestas en el país a partir de criterios objetivos, subjetivos y complementarios de selección con relevancia constitucional como la necesidad de unificación de jurisprudencia, responder a asuntos novedosos, aclarar el contenido y alcance de derechos fundamentales, atender la urgencia de la vulneración y preservar el interés general, dispuestos en su reglamento interno.

También son diversos los retos a los que se enfrenta el Derecho Constitucional en la pandemia en materias laborales y de salud, así como frente a la gestión de las peticiones ciudadanas, el debido proceso, el orden público y la prestación de servicios por parte de la administración pública. La respuesta a estos se encuentra en manos de todas las instituciones del Estado, pero la Corte Constitucional cumple un papel relevante en materia de tutela, al poder ver con detalle y caso a caso las condiciones de vulneración de los derechos ciudadanos derivadas de esta época.

El confinamiento y la ausencia de condiciones plenas de digitalización de los expedientes y virtualización de las actuaciones judiciales generan diversos desafíos para la indispensable operación que debe realizar la Corte en materia de revisión de tutela. Igualmente, continuar con el ritmo de adopción de decisiones y atender las expectativas ciudadanas de justicia es indispensable para consolidar un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales en medio de la emergencia. Amplificar las decisiones de la Corte, usando los diversos dispositivos definidos por su jurisprudencia, permitiría llegar a un mayor número de ciudadanos bajo el principio de igualdad y atender con mayor impacto los conflictos que genera la crisis social y económica que vive el país.