El reconocimiento de verdad y responsabilidad en la JEP

María Camila Correa Flórez

Profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

Cocordinadora del ObservaJEP

Twitter: @MKamilaC

Durante los días 26 y 27 de abril, se realizó en Ocaña (Norte de Santander) la primera audiencia de reconocimiento de comparecientes (miembros de la fuerza pública) procesados por “falsos positivos” en el Catatumbo. Esta audiencia, la primera de reconocimiento que se realiza desde la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo del 2018, tuvo lugar en el marco del subcaso “Norte de Santander”, que hace parte del macrocaso 003: “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

El 12 de julio del 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP abrió el macrocaso 003, que tiene como finalidad esclarecer y juzgar los crímenes perpetrados por agentes del Estado que desaparecieron y asesinaron a más de 6.400 personas civiles, que fueron presentadas como bajas en combate. El 12 de febrero del 2021, la mencionada Sala dio a conocer la priorización interna de este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que la Sala dividió, por así decirlo, los hechos por conocer, en seis grandes grupos, que son conocidos como subcasos, con un criterio regional. Es decir, los hechos de “falsos positivos” que tuvieron lugar en las diferentes regiones priorizadas. Uno de estos subcasos es el de “Norte de Santander”, en el que se priorizó la investigación de las muertes presentadas como bajas en combate ocurridas en el Catatumbo entre los años 2007 y 2008 y perpetradas por miembros del Ejército Nacional.

El 2 de julio del 2021, la Sala de Reconocimiento profirió un auto de determinación de hechos y conductas en el que le imputó a 11 comparecientes crímenes de guerra y de lesa humanidad por su presunta participación en el asesinato y la desaparición de, aproximadamente, 120 personas, que luego fueron presentadas como bajas en combate en el Catatumbo, en el lapso mencionado. Sobre estos hechos es que se efectuó el reconocimiento de verdad y responsabilidad en Ocaña.

Estas audiencias, que son públicas, tienen como objeto que los comparecientes reconozcan su participación en los crímenes que les fueron imputados y los daños ocasionados, que cuenten cómo tuvieron lugar los hechos, las razones por las que se realizaron y, en general, digan la verdad y acepten responsabilidad. Sin perjuicio de que el reconocimiento se pueda haber realizado antes, de manera verbal o escrita, previamente a la audiencia, esta permite que la sociedad en general conozca lo que sucedió y que ese reconocimiento se realice de manera pública.

Durante la audiencia de reconocimiento en Ocaña, los comparecientes reconocieron haber instigado la comisión o haber cometido directamente crímenes de guerra y de lesa humanidad para aumentar las cifras de éxito militar. Se escucharon voces que pidieron perdón a las familias de las víctimas y a la sociedad. Se reconoció el daño ocasionado y la existencia de un patrón macro criminal. Un excomandante de la Brigada 15 afirmó que “los homicidios de civiles inocentes fueron falsas bajas en combate y tuvieron la sistematicidad que constituyó un patrón criminal al interior de la Brigada”.

La JEP anunció que la audiencia de reconocimiento del Secretariado de las Farc dentro del macrocaso 001, conocido como el caso de secuestro, tendrá lugar los días 31 de mayo, 2 y 6 de junio. A través de otro auto de determinación de hechos y conductas, proferido en enero del 2021, la Sala de Reconocimiento les imputó a los miembros del Secretariado de las Farc crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros, los tratos crueles, la violencia sexual, las torturas, los homicidios y las desapariciones a las que sometieron a las víctimas. Sobre estos hechos versará la audiencia que tendrá lugar en mayo y junio. 

Estas audiencias, en las que se reconoce verdad y responsabilidad de manera pública, ayudan a cumplir con los objetivos transicionales de verdad, justicia y reparación, respecto de los derechos de las víctimas. Son la puerta de entrada a la imposición de sanciones que buscarán, espero, la reparación de los daños causados y la justicia que merecen todas y cada una de las víctimas del conflicto armado colombiano. Son también la materialización pública del arduo trabajo que ha venido realizando la JEP para esclarecer los hechos más atroces que tuvieron lugar en la guerra. Pero son, sobre todo, el inicio de un camino esperanzador para el país, porque a través de ellas podremos conocer, entender, comprender y tratar de perdonar lo sucedido, para así poder, algún día, sanar como sociedad y ser capaces de no repetir las atrocidades.