La justicia en aguas turbulentas

Matthias Herdegen

Director de los institutos de Derecho Público y de Derecho Internacional de la Universidad de Bonn (Alemania)

Los desafíos que las complejas realidades plantean para la Rama Judicial pueden resultar de conflictos u otras circunstancias que preceden a los mismos mecanismos judiciales. También hay amenazas a la autoridad del sistema de justicia que podrían ser producto de procesos de nominación o de influencias por parte de órganos políticos e, inclusive, de cierta ambición en la misma rama de responder a expectativas de algunos sectores sociales, económicos o políticos.

La Rama Judicial de Colombia, que siempre tuvo altibajos, ahora parece navegar por aguas mucho más turbulentas. Esta delicada situación tiene varias causas, fuera y dentro de la misma justicia, y ocurre en todos los niveles de la jerarquía judicial.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe disipar la suspicacia que prevalece en muchos sectores sociales, que la perciben como un instrumento hábilmente diseñado para beneficiar a responsables de todo tipo de atrocidades cometidas a la sombra y bajo la máscara del conflicto armado. Ciertamente, los beneficios penales para quienes estuvieron alzados en armas son privilegios inherentes a la lógica de un proceso de paz. Pero esa es solo una cara de la moneda. El proceso de paz debe servir también para la construcción de memoria histórica y el reconocimiento y la reparación de las víctimas.

Con mayor razón, los privilegios penales exigen un cumplimiento incondicional, comprehensivo, con la obligación de aportar la verdad que, con la reparación a las víctimas, configura la columna vertebral del sistema de justicia especial. La postura de quienes fueron máximos jefes de la guerrilla de negar los hechos, retractar la negación y después decir verdades a medias atenta contra la base de lo que se negoció en La Habana. Produce profunda extrañeza la actitud de algunos excomandantes de las Farc que buscan distanciarse de la crudeza de los actos de su propia organización, alegando desconocimiento o poniendo en duda los hechos, en temas tan sensibles como el reclutamiento de menores y los abortos forzados, brutalmente ejecutados. La verdad no se puede suministrar como la procesión danzante de Echternach, donde los participantes dan un paso adelante y dos atrás, una y otra vez. Los delincuentes que danzan así sobre la verdad y sobre las víctimas tendrán que llegar a los fríos brazos de la justicia ordinaria.

Las recientes manifestaciones públicas tanto de negociadores del Gobierno anterior como de quienes han sido fuertes críticos del acuerdo son indudables señales de alerta. La experiencia de otros países que han surtido procesos de paz demuestra cómo la verdad, presentada como testimonio de respeto cierto hacia las víctimas y clara muestra de compromiso con el proceso, es el fundamento de legitimidad de cualquier sistema de justicia transicional. Cabe recordar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en comunicado de prensa de enero de este año, dirigió la atención del mundo entero al proceso de paz en Colombia y resaltó el “rol crítico” de los tres componentes esenciales del sistema de justicia transicional, que son la verdad, la justicia y la reparación (SC/14081).

Pero las turbulencias de la justicia no aparecen solamente en el contexto de la JEP. En la justicia ordinaria, preocupa la tendencia de algunos pocos magistrados que parecieran haber decidido compartir sus funciones con escenarios mediáticos, al lado del foro legítimo, poniendo en riesgo la integridad del proceso judicial, por fuera de los cánones procesales aplicables.

Otro desafío es la locuacidad judicial de aquellos que buscan protagonismo mediático o intentan instruir a la opinión pública sobre su propia visión para solucionar un conflicto jurídico. Esta temática no se limita al escenario latinoamericano. Así, recientemente en Alemania, país de alta discreción judicial, vimos casos aislados de altos magistrados que no resisten la tentación de disertar sobre decisiones que no son suyas, sino de todo un cuerpo colegiado. Eso también afecta la autoridad judicial frente a futuros procesos sobre la misma materia. Afortunadamente, en Alemania este fenómeno es muy excepcional. Son solamente los malos poetas quienes comentan sus propias obras. La obra debe hablar por sí misma, tanto en la poesía como en la justicia.

Las tensiones políticas y la polarización que reina en muchos países comienzan a afectar a la justicia en todo el mundo. Dirigiendo la mirada hacia el norte del continente americano, encontramos otros desafíos para la autoridad de la justicia. En EE UU, la nominación por parte del Presidente -a pocas semanas de elecciones- de una candidata para ocupar un puesto vitalicio en la Corte Suprema, ahora vacante, demuestra una alta politización del sistema de justicia. Ciertamente, falta reconocer que en el pasado los altos magistrados, seleccionados por su supuesta cercanía a la administración de turno, solían mostrar alto grado de independencia intelectual, generando cierta frustración en su “sector político”. Pero es preocupante que, en casos hito, se forman bloques de índole liberal o conservadora, con el voto decisivo de un juez de centro, que oscila entre las dos líneas.

Ni siquiera en el viejo continente puede decirse que la justicia esté libre de amenazas, como lo demuestran varios intentos de mayorías políticas por “reformar” la justicia a su acomodo, en países como Polonia y Hungría. En nuestros países, una justicia dotada de un altísimo ethos profesional, con una independencia absoluta, tanto interna como externa, tiene una responsabilidad particular por la cohesión interna en estos tiempos de crisis. A su turno, el capital más preciado de la misma justicia es la confianza incondicional del ciudadano.