Así como por su detención ilegal y arbitraria, junto con otras lideresas de la Comuna 13, ubicada en el occidente de Medellín, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Sala Civil recordó que la existencia jurídica de estas uniones depende del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2° de la Ley 54 de 1990.
Es necesario que en todas las actuaciones en las que tenga acceso a información del menor se le informe debidamente a este y a los parientes cercanos sobre la garantía de no autoincriminación.
El fallo reprochó que buscara eludir su responsabilidad en el trabajo de sus subalternos y desconociendo que él es, finalmente, el firmante de las decisiones.
El artículo 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma especial electoral, se ocupa de las consecuencias de la sentencia de anulación electoral
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, informó hoy la compulsa de copias al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue la conducta en que han incurrido, presuntamente, los abogados de los implicados.
El presidente Santos firmó la ley que permitirá no solo amnistiar a guerrilleros, también a agentes del Estado. La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) hizo observaciones a algunos aspectos del articulado.
La ausencia de una disposición legal no debe ser obstáculo para proteger el derecho a la estabilidad laboral de cualquier prepensionado, advierte la Corte Constitucional.
La corporación precisó que la no notificación del acto es un factor extrínseco que solo puede generar la no producción de efectos jurídicos y no es, por lo tanto, causal de nulidad.
Esta dependencia no siempre es total y absoluta, pues la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger derechos fundamentales admite varios matices, reiteró un fallo de tutela reciente de la Corte Constitucional.
La conducta se limita al trámite, celebración o liquidación, sin que pueda entenderse que todo lo que tenga que ver con la contratación administrativa pertenezca al trámite del contrato.
La jurisprudencia y el legislador se han esmerado por amparar el derecho al mínimo vital a través de la protección al salario mínimo cuando, por cualquiera de los descuentos, bien sea voluntarios, legales o judiciales, el trabajador ve afectados sus ingresos.
La verdadera preocupación de todos los sectores interesados debe orientarse a la etapa de implementación, en la que el Congreso aprobará temas que definirán el mapa político y social de nuestro país.
Si el legislador fue claro en definir como contrarios a la ley ciertos acuerdos, mal podría entenderse que la demostración de efectos favorables termina por desvanecer un mandato reiterado.
Según la Sala Disciplinaria, esta conducta configura la falta a la debida diligencia profesional señalada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 del 2007.
La Sección Tercera recordó las diferentes posturas adoptadas por la corporación cuando se privaba de la libertad con base en lo dispuesto por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.
La Sección Tercera del Consejo de Estado estudió, principalmente, una jurisprudencia de unificación que fijó los criterios de indemnización de este tipo de perjuicios en los eventos de privación injusta de la libertad.
Una de las principales características de este tipo de transporte es la concerniente a la presunción de culpa de quien ejecuta dicha actividad, indica el fallo.
Corresponde en cada caso al juez competente o al funcionario ejecutor en jurisdicción coactiva determinar si el título presentado para ejecución reúne los requisitos pertinentes
Cada una de estas salas elegirá por mayoría simple, en el mes de enero, un coordinador para el respectivo año, al cual le corresponderá elaborar el orden del día, dirigir las sesiones y suscribir las actas. Conozca cómo se tendrán que remitir los procesos a estas salas.
El proyecto de ley establece de manera expresa que la vinculación contractual de las madres comunitarias y FAMI será de carácter laboral y se adelantará directamente con el ICBF.
La iniciativa está compuesta por cuatro títulos, se incluye el procedimiento aplicable a los delitos amnistiables y el tratamiento penal para agentes del Estado.
Se comprobó la grave afectación corporal y mental que padeció el menor, así como las notorias incidencias negativas que esas lesiones provocaron en sus habilidades físicas y cognitivas.
Corresponderá a la Cámara de Representantes culminar el trámite de la iniciativa, en penúltimo y último debate. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia comenzó explicando que el deber de motivación para el funcionario judicial es más riguroso cuando decide imponer la medida restrictiva de la libertad que cuando se abstiene de hacerlo.
La Corte Constitucional estudiará, ante una demanda presentada, el artículo 156 del Código Civil, que regula la legitimación y oportunidad para demandar el divorcio.
Aunque los hechos recientemente ocurridos en Bogotá despiertan la solidaridad y el clamor general de castigos severos para los perpetradores crímenes contra menores, existen abundantes criterios jurídicos sobre propuestas extrañas a nuestro sistema legal.
Este contrato no es atentatorio del orden jurídico ni configura una amenaza o violación de los derechos colectivos como son, entre otros, el patrimonio público o la moralidad administrativa.
En el Senado de la República, se radicó una iniciativa loable frente a la regulación de la profesión. No obstante, existen serios reparos sobre la misma.
El Plan Decenal del Sistema de Justicia presenta grandes problemáticas, retos, proyectos y objetivos que deberá ejecutar desde el 2017 hasta el 2027. Sin embargo, ya está en marcha.
En una decisión de 26 páginas, la Corte Constitucional concluyó que esta medida tiene una relación razonable con los derechos de las víctimas, en tanto pueden funcionar como instrumentos de política criminal para la cesación de actividades delictivas.
Las entidades demandadas deberán cancelarle a la víctima más de $ 400 millones como reparación del daño, el cual permaneció con medida de aseguramiento por más de dos años y fue señalado de pertenecer a una banda de asaltantes, tras haberle prestado su vehículo a uno de sus vecinos.
No hay una reglamentación para determinar por cuánto tiempo ni cuántas funciones adicionales se pueden asignar a un empleado. Revise uno de los últimos conceptos dados del Departamento Administrativo de la Función Pública.
La Corte Suprema de Justicia negó una tutela promovida por una madre de familia que buscaba dejar sin efectos una resolución emitida por el ICBF, dentro de una actuación administrativa a través de la cual le entregaron la custodia de su hijo a la abuela paterna.
Independientemente del carácter obligatorio o voluntario de la afiliación y de la condición de extranjero, si la persona no cumple los requisitos los aportes no se pierden.
El pronunciamiento del Consejo de Estado tiene gran relevancia, especialmente cuando empieza hoy en la Corte Constitucional el estudio formal de una demanda contra el Acto Legislativo para la Paz y mientras el Congreso intenta refrendar el acuerdo de paz.
Así lo recordó Superservicios, dado que no se cumple con el requisito de amplitud para difundir la información que exigen las normas, pues internet tiene fuertes restricciones de acceso.
Ámbito Jurídico tuvo acceso exclusivo al fallo, que contó con la ponencia del magistrado Alberto Rojas. Conozca los pormenores que permitieron concluir que se cumplían los tres requisitos esenciales de un contrato de trabajo.
Existe un desafío multidisciplinario para contrarrestar los efectos derivados de fenómenos como el impacto de la población creciente en las grandes ciudades.
Por medio de la Directiva 2, la Secretaría Jurídica del Distrito Capital estableció los parámetros a tener en cuenta por parte de las entidades y organismos al incluir pactos arbitrales en sus contratos.
A pesar de la propaganda y de la descalificación de los opositores, se impusieron las alternativas inesperadas, voz a voz y con el uso de las redes sociales, como una reacción a la manipulación y a los miedos.
La Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que declaró exequibles algunas expresiones contenidas en los artículos 5º y 12 de la Ley 1149 del 2007.
El cobro de cargo fijo en la factura de servicios públicos permite colegir que la empresa prestadora suministra el servicio en las condiciones de calidad y continuidad exigidas por el régimen de servicios públicos domiciliarios.
En un reciente concepto, la Función Pública precisó que no existe disposición que prohíba dicha acción y aclaró, además, que los contratistas no tienen la calidad de servidores públicos.
Minihacienda precisó que ni los alimentos, ni los útiles escolares, ni las matrículas, ni los servicios de transporte tienen IVA y se van a mantener sin el impuesto.
La Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) publicó la propuesta normativa para derogar el Decreto 777 de 1992, e introducir cambios sustanciales en la materia.
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La iniciativa unifica la normativa vigente en materia pensional de los dos regímenes, contempla todo sobre la pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivientes.
El Acto Legislativo 02 del 2015 consagró medidas para erradicar y eliminar los favorecimientos electorales que afectan el derecho político de los ciudadanos a acceder a funciones y cargos públicos
Las autorizaciones son fundamentales para aquellos que quieran retransmitir una emisión en donde se encuentre incorporada una obra audiovisual protegida.
Solamente inscribirán la información establecida en el capítulo 26 del Decreto Único 1074 del 2015 y en la nueva circular, puntualiza la Superintendencia de Industria y Comecio.
Según precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aunque el menor actúe de manera voluntaria, el adulto que participe con este en cualquier conducta delictiva incurre también en la conducta penal.
Lo más curioso de estos tres casos es que, en litigios similares, por no decir idénticos, la votación haya sido diferente cuando se trató del Reino Unido.
Las comisiones conjuntas no han previsto fecha de radicación de la ponencia para primer debate, ahora depende del trabajo con el Gobierno y los foros regionales que se adelanten.
Entre el 14 y el 16 de noviembre, la Sección de Derecho Internacional de la American Bar Association realizará, en Bogotá, el 2016 American Forum. ÁMBITO JURÍDICO habló con la presidenta de ese organismo.
La ley que otorga beneficios para quienes vayan a trabajar en bicicleta abre varios interrogantes sobre qué se entiende por este vehículo y si las bicicletas motorizadas fueron cobijadas. Viene reglamentación para los motociclos.
Dicho reconocimiento permite que las mujeres que denuncien estas situaciones ante las oficinas de control interno tengan el derecho de pronunciarse sobre los elementos de prueba y a ser notificadas personalmente de las decisiones que se tomen en el curso de la indagación, indicó el Consejo de Estado...
Los 18 expertos de las Naciones Unidas a cargo del examen periódico de Colombia se mostraron insatisfechos con la presentación que hizo la delegación colombiana.
Ámbito Jurídico presenta algunos de los proyectos de ley que han hecho tránsito en el Congreso de la República y que ahora están a punto de convertirse en ley, tanto de la legislatura pasada como del primer periodo del 2016 – 2017.
Ámbito Jurídico presenta a sus lectores una selección de las sentencias más relevantes hecha por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En esta oportunidad se aborda el numeral 8° del artículo 30 de la Ley 1564 del 2012.
Será aplicable el artículo 148 de la Ley 142 de 1994, según el cual los prestadores de servicios públicos domiciliarios no pueden cobrar servicios no prestados
Si el avalúo del bien en garantía es inferior al valor de la obligación garantizada, el acreedor se pagará con el bien y podrá realizar el cobro correspondiente por el pago insoluto.
Tanto las personas que consumen de manera directa la energía eléctrica como aquellas que sin consumirla sean propietarias de predios serían sujetos pasivos de esta obligación tributaria.
En un reciente concepto, el Ministerio del Trabajo resolvió dicha pregunta y recordó que la sanción moratoria corre hasta el día en que el empleador paga la totalidad de la prestación adeudada.
Un fallo de tutela reciente de la Corte Constitucional enfatiza que los indígenas tienen derecho a la aplicación de un enfoque diferencial en materia carcelaria y penitenciaria que les permita la protección de sus costumbres y tradiciones étnicas.
De acuerdo con el recurso de apelación, no se demostró que el jurista provocara un escándalo público, por cuanto en el incidente no hubo intervención de la policía que custodia permanentemente la sede judicial más importante de los antioqueños.
La Dian contará con un sistema específico y meramente técnico para la escogencia de los funcionarios, el proceso de selección no duraría más de 12 meses.
Los mensajes cortos son, sin duda, la prueba electrónica más presentada en los procesos judiciales. La firma Adalid Abogados señala la forma cómo deben ser presentados.
Un organismo de esta naturaleza es, sin duda, uno de los principales retos que tiene el país frente a los grandes retos en materia de comercio exterior.
Así lo anunció el presidente Santos al referirse a nuevas acciones para elevar eficacia de la lucha en contra de la corrupción. Se modificará el Decreto 777 de 1992. Reforma tributaria también afectará a las ESAL.
Por cuatro años, Diana Patricia Richardson se desempeñó como magistrada auxiliar de la Sección Primera del Consejo de Estado. Luego de su salida de esa corporación, se ha dedicado al litigio en temas aduaneros y tributarios.
No deja de causarnos desconcierto las desproporcionadas limitaciones que la nueva legislación de policía le está imponiendo al sector comercial del país.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de un concepto, precisó recomendaciones generales para el amparo de estos recursos protegidos
Este gravamen se establecerá dependiendo de las emisiones de carbono producidas por los diferentes tipos de combustibles fósiles, como el ACPM, la gasolina y el gas licuado de petróleo.
a Corte Suprema precisó que si bien el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal no regula como causal de extinción de la acción penal la indemnización integral, sí lo hace el artículo 42 de la Ley 600 del 2000.
Ámbito Jurídico presenta un recuento de lo que han dicho hasta el momento la Sala Penal y la Fiscalía sobre los temas que deberían ser revisados de los acuerdos en materia de justicia, así como la posición del presidente Juan Manuel Santos y su Ministro de Justicia.
Uno de los proyectos de ley dice que se violan los derechos al debido proceso, a la intimidad y a la presunción de inocencia. El otro plantea descuentos del 50 % para deudores de multas.
Así lo manifestó la Dian en un reciente concepto, al resolver algunos interrogantes planteados sobre los efectos de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total.
El Consejo de Estado recordó la Sentencia C-1433 del 2000, que determinó la inexequibilidad del artículo 2° de la Ley 547 de 1999, por no prever el aumento salarial para todos los servidores públicos.
Los derechos que tienen los consumidores incluyen recibir productos de calidad, bajo referentes como la garantía y aquellas condiciones ofrecidas en la publicidad y las que son habituales en el mercado.
En el último comunicado emitido por el alto tribunal se dieron a conocer las consideraciones que se tuvieron en cuenta para resolver dos acciones de inconstitucionalidad que atacaban unas figuras procesales de la Ley 1564 del 2012.
Magda Isabel Quintero, directora ejecutiva del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, señala que los efectos de la implementación del CGP han sido positivos.
Ámbito jurídico presenta un análisis detallado de las ideas que en materia de justicia y participación en política presentaron los distintos representantes del No a los acuerdos de La Habana. Puede consultar los documentos oficiales.
Esta labor le corresponde a las EPS o a las ARL, sin perjuicio del pago que conforme a dicha calificación deba realizar la aseguradora correspondiente.
Aunque el CPACA introdujo lo relativo a la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo, esta tecnología es concomitante con los medios físicos existentes.
El Ejecutivo radicó un proyecto que modificaría la Ley 1709 del 2014, algunas disposiciones del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario y la Ley 1121 del 2006.
Son grandes los retos que les esperan a las facultades de Derecho del país para la construcción de la nueva sociedad de paz en Colombia. Análisis de Acofade.
Lo que se ha tenido en Colombia es una democracia representativa contramayoritaria, que ha implicado un alto nivel de abstencionismo, una cultura política construida por los medios y por las redes sociales.
La Corte Constitucional señaló que más que un problema de tipicidad, el cuestionamiento es esencialmente de índole probatoria. También se pronunció sobre las circunstancias de agravación de esta conducta penal.
A propósito de la tragedia que se vivió hace tres años en Medellín, por cuenta del desplome de la torre seis del Edificio Space, Ámbito Jurídico reseña una sentencia reciente de Corte Suprema que aborda el marco jurídico respecto a este tipo de situaciones.
Aunque no se ha llegado a un acuerdo entre el Gobierno y los líderes del No sobre qué se debe renegociar con la guerrilla, el partido político ya impulsa dos propuestas en el Congreso para implementar beneficios jurídicos para los actores del conflicto.
Las delegaciones del Gobierno y del ELN informaron el inicio de la fase pública de diálogos para llegar a un acuerdo de paz, la instalación de la mesa oficial será el próximo 27 de octubre, en Quito (Ecuador).
Dentro de las propuestas del partido para modificar el Acuerdo de paz con las Farc también está incluir penas privativas de la libertad para líderes guerrilleros y el trámite de una ley de alivio judicial para soldados y policías.
A propósito de varios escándalos sobre plagio en tesis de Derecho, entre ellos el del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el del político español Francisco Camps, Ámbito Jurídico recomienda pautas para citar textos y hacer listas de referencias.
Así lo dijo La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en una sentencia publicada recientemente. En el fallo se explicaron los cuatro requisitos para que se configure el delito de injuria.
Así lo indicó la Función Pública partiendo de lo dispuesto en el Decreto 2400 de 1968; sin embargo, aclara que dicho permiso no se encuentra regulado en la normativa vigente.
Decisiones recientes de las altas cortes han causado revuelo en la comunidad médica del país. Ámbito Jurídico presenta los casos más relevantes que han generado este debate, y lo que piensan algunos representantes del gremio.
La Superintendencia de Sociedades recordó que la Ley 675 del 2001 no precisó un trámite por el cual la persona jurídica de propiedad horizontal pueda agotar acuerdos con sus acreedores para recuperar la empresa.
Según el artículo 138 de la Ley 142 de 1994, la Superservicios señaló que cuando un inmueble está desocupado hay lugar al cobro del cargo fijo de los servicios públicos en que esté permitido.