Rajados en materia de derechos humanos

Andrés Barreto González

Abogado, miembro fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional.

El pasado 20 de octubre, durante la sesión del 118 periodo del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, en Ginebra, el Estado colombiano puso a consideración de este órgano su informe de cumplimiento como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado el 29 de octubre de 1969.

Poco o nada se supo en el acontecer nacional sobre este episodio, el cual pasó casi inadvertido en un momento decisivo en el que se hablaba de negociaciones, paz, acuerdos, refrendación y posconflicto.

A pesar de los resultados del pasado 2 de octubre en las urnas, el tema medular de cualquier proceso, acuerdo o instrumento es el irrestricto respeto que este debe tener por el núcleo esencial del Derecho Internacional, compuesto por los derechos humanos y otras materias que se agrupan con más o menos alguna uniformidad en lo que se ha denominado como el ius cogens.

Los derechos humanos han perdido su majestad al ser utilizados como un término equivalente en políticas públicas, principios, agendas políticas, discursos y otros documentos, olvidando que su esencia es un compendio de normas jurídicas de especial relevancia, pues, tal y como su nombre lo indica, inequívocamente estamos frente a derechos, los más importantes de todos.

Los 18 expertos de las Naciones Unidas a cargo del examen periódico de Colombia se mostraron insatisfechos con la presentación que hizo la delegación colombiana respecto al estado del cumplimiento de sus obligaciones, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y señalaron varias preocupaciones sobre temas relacionados con el conflicto armado interno, el crimen organizado y los grupos paramilitares, los derechos de reunión y protesta, la libertad de expresión y la libertad de prensa, los derechos de las mujeres, así como los vacíos en la llamada justicia transicional.

El eje central de la discusión versó sobre la increíble impunidad que reina en el país, pues no se puede hablar de Estado de Derecho, imperio de la ley, y, mucho menos, garantía y materialización de derechos, cuando la impunidad es la regla y no la excepción en nuestro país.

La ausencia de justicia es coyuntural para la satisfacción, guarda, promoción y prevención que debe reinar en materia de derechos humanos. Mientras que la agenda nacional se volcaba hacía una inexistente Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y su aparente “sofisticación” jurídica, olvidamos que la justicia ordinaria y los derechos humanos son un tema de segundo o tercer nivel en Colombia.

Nuestro país tiene el deshonroso tercer lugar en materia de impunidad en el mundo, solo superado por México y Filipinas, según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015. Con una Rama Judicial mendigante de recursos, y ante el desinterés generalizado por el aparato de justicia y la materialización de derechos, no sonaba menos que paradójico el hecho de que el capítulo más ensalzado del inexistente Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc fuera el de la JEP.

Los cálculos más conservadores hablaban de una necesidad mínima de dos billones de pesos para la puesta en marcha de dicha jurisdicción, lo que, en el déficit fiscal en el que nos encontramos, no hubiera sido otro ingrediente más en este marco de impunidad y malos resultados en el examen que finalizó en Ginebra, y en donde Colombia no era evaluada desde el año 2008.

Los miembros del Comité se mostraron sorprendidos acerca de la poca concreción, los lugares comunes y la vaguedad de la delegación colombiana en su informe, para lo cual, el próximo cuatro de noviembre, emitirá sus recomendaciones.

Llama poderosamente la atención que la violencia de género y la violencia intrafamiliar ya amenaza con ser una epidemia, lo que no es de extrañar en un país conformado en su mayoría por hogares monoparentales, con una mayor cantidad demográfica de mujeres y en donde la judicialización de casos por estos delitos es baja por las diferentes externalidades que este fenómeno reviste.

De nada sirve crear consejerías, agencias, oficinas y despachos si las fuentes de financiación no van al meollo del asunto, el gasto se debe enfocar en la prevención, la investigación y la sanción efectiva.

Otros temas, como la despenalización del aborto versus las realidades médicas y hospitalarias, la libertad de expresión versus la censura a periodistas y la impunidad en casos que afectan a mujeres, incluso, con notoriedad mediática (Morales, Dávila y Bedoya) llamaron poderosamente la atención del Comité, el cual nos recordó que aún estamos lejos de tener un nivel aceptable de cumplimiento de estándares internacionales, y que, tal vez, hemos perdido la perspectiva de lo estructural por pensar en lo coyuntural.

Ojalá que este episodio sea un llamado de atención que retorne la discusión a lo necesario, el equilibrio entre administración de justicia y administración judicial y una justicia ordinaria eficaz y certera para todos, especialmente mujeres, niños y grupos sensibles o de especial protección.