Propuesta en favor de usuarios de servicios públicos llega a último debate (2:27 p.m.)

Si la iniciativa supera esta etapa legislativa será conciliada y posteriormente enviada a sanción presidencial. El objetivo del proyecto de ley es proteger, promover y garantizar el libre ejercicio de los derechos de los suscriptores o usuarios de los servicios públicos domiciliarios, así como amparar sus derechos fundamentales. Así, cuando se evidencien o dictaminen anomalías o no conformidades en el acta de prueba que, a juicio de la empresa, conlleven a realizar cambios o adecuaciones técnicas inherentes al usuario, las mismas deberán realizarse dentro de los siguientes 45 días posteriores a la revisión, pasado este tiempo sin que el usuario haya realizado las acciones o correcciones señaladas la empresa podrá ejecutar los ajustes con cargo a la factura del cliente. No habrá lugar a cobros por reconexión y reinstalación de servicios públicos cuando la misma sea realizada por medios tecnológicos que impliquen lectura o gestión remota no física. Por su parte, en cuanto a los estratos a los que no se les haya eliminado el cobro por reconexión del servicio (estratos 4, 5 y 6), solo podrá ser cobrada la reinstalación cuando el costo o el valor de los mismos sea menor al consumo facturado del servicio. Por último, se establece la obligación a cargo de las empresas de constituir una oficina de peticiones, quejas y recursos en cada municipio en el que se preste el servicio, para atender las peticiones verbales o escritas que se radiquen en torno a la prestación o las inconsistencias en la facturación.