La petición se suma al proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República para eliminar el sistema de elección directa de parlamentarios andinos.
Las facultades de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, los exámenes de aptitud sicofísica para portar armas de fuego y las actividades consideradas de alto riesgo fueron revisadas por el alto tribunal.
Las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley que busca que los miembros de la fuerza pública cuenten con una defensoría técnica.
El garantismo puede ser expandido a todos los poderes, no solo estatales, y a todos los derechos, afirma Ferrajoli, uno de los teóricos del Derecho más importantes del momento.
La mora para decidir asuntos judiciales le ocasiona graves perjuicios a la administración de justicia y desconoce los principios de celeridad y eficiencia.
El articulado unifica las reglas sobre el tema, para hacer más expedito el procedimiento judicial de extinción y mejorar la lucha contra el crimen organizado.
El articulado unifica las reglas sobre el tema, para hacer más expedito el procedimiento judicial de extinción y mejorar la lucha contra el crimen organizado.
Para comienzos del 2014, se prevé que 50 casas de justicia que tienen presencia en territorios indígenas implementen estrategias de apoyo y fortalecimiento de la justicia ancestral.
Solo habría dos razones para rechazar el incidente: cuando se presente por fuera del término previsto y cuando no se corrija dentro del tiempo establecido.
El Marco no sustituye la Constitución, además, porque los instrumentos de justicia transicional no implican que automáticamente se dejen de investigar delitos.
Elección Visible invitó a los medios de comunicación a evaluar la trayectoria personal y profesional de los candidatos Martha Luz Reyes, Néstor Osuna y Luis Manuel Neira.
Para los entes territoriales, el 9 de noviembre inició la restricción para celebrar contratos y convenios interadministrativos que ejecuten recursos públicos, la cual no se extiende a las demás causales de contratación directa.
Estos asuntos que exacerban los patrioterismos son un problema de buena fe entre Estados, que se relativiza según el músculo de las partes en controversia.
Aceptar que esta conducta se extingue por el solo hecho de suscribir un título valor desfigura la naturaleza del tipo, advirtió el Consejo Superior de la Judicatura.
Poco se sabe de ciertas propuestas que, “songo sorongo”, se van abriendo paso y que, el día menos pensado, pueden convertirse en ley sin que nadie se dé por enterado.
El propósito de esta nueva dependencia, que iniciará sus funciones el 1º de febrero del 2014, es promover y proteger los derechos de estas personas en las américas.
La medida busca facilitar el enlace de responsabilidades y compartir información actualizada, que será usada como soporte para el desarrollo de la consulta.
De la lectura del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, se evidencia que quien ha ejercido funciones en ese cargo no cumple funciones de autoridad administrativa.
Un pensador libre, que estimulaba la controversia intelectual. Así era Luis Carlos Sáchica, el precursor del análisis crítico del derecho constitucional colombiano.
El incidente de impacto fiscal no puede impedir el acceso a los derechos fundamentales de los afectados por el conflicto, restringir su alcance ni negar su protección efectiva.
La forma inadecuada como la Nación viene actuando en ciertos procesos de repetición pone en evidencia su falta de diligencia, advirtió el Consejo de Estado.
CITpax y AMBITO JURÍDICO abordan la discusión que ha suscitado la ley estatutaria sobre el referendo como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana.
En opinión del Ministro de Minas, es importante mantener el fondo de estabilización, dado que este busca evitar la volatilidad en el precio del diésel y de la gasolina.
Lecturabilidad es la facilidad de lectura, por el confort visual, la comprensión del texto y el tiempo que el lector puede permanecer leyendo sin cansancio.
Hay que despolitizar ciertas entidades, para que los magistrados se dediquen a lo que hacen en todas las partes del mundo: fallar, afirma el Ministro de Justicia.
Hechos recientes recuerdan la vulnerabilidad de todos los jueces frente a conductas que los alejan de su papel en la sociedad. ¿Dónde comienza esta debilidad? ¿Es suficiente una reforma a la justicia para alejarlos de prácticas corruptas?
En el régimen de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni la Ley 352 de 1997 ni el Decreto 1795 del 2000 regularon expresamente la desafiliación.
Magistrados de la región se reunieron en días pasados en Ciudad de Panamá con representantes de la sociedad civil, para analizar el estado de la independencia judicial en sus países.
Si a pesar de la licencia, las partes acuerdan no suspender el contrato y la contratista acredita el cumplimiento de las actividades contratadas, habría lugar al pago de honorarios.
El consultorio jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemoró sus 40 años de existencia, en el aula Mutis de esa casa de estudios.
La disposición señala que todas las autoridades locales de tránsito que pretendan establecer el pico y placa deberán incluir dentro de sus planes de movilidad, un capítulo especial en donde se determine la ubicación de las zonas en donde reside la p
Este libro brinda a quienes decidan formalizar una vida de pareja la posibilidad de hacerlo de manera libérrima, moderna y con plena validez nacional e internacional.
El hecho de que solo se disminuyan los beneficios en el sistema acusatorio no significa que quienes son juzgados mediante la Ley 600 del 2000 reciban un trato diferenciado.
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría pueden solicitar información para la investigación o proceso penal, disciplinario o de responsabilidad fiscal en desarrollo.
Lo más relevante de esta discusión es que se acaban privilegios desmedidos y los carruseles corruptos que terminaban asumiendo todos los contribuyentes.
Aunque la normativa vigente de extinción de dominio reconoce la necesidad de proteger a los terceros de buena fe que puedan resultar afectados en estos procesos, estos principios generales en la práctica se quedan cortos.
La redacción del artículo 6º del Decreto 1377 no es la mejor porque si se hizo para proteger a los titulares de esta categoría de datos, pues al mismo tiempo los puede afectar negativamente.
Delegados pidieron perdón y afirmaron que era entendible que el tiempo transcurrido hasta hoy tenga como consecuencia la pérdida de confianza en las instituciones.
En el caso de los menores, el daño que ocasiona la presencia de actores armados muchas veces se traduce en una afectación sicológica de difícil superación.