Independencia judicial: Centroamérica toma la palabra

En el papel, el asunto es claro. El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen la independencia judicial como un derecho fundamental. Además, el primer principio de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por la ONU, señala que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole” respetarán y acatarán dicha independencia.

 

Pero en la práctica, la cosa es a otro precio. Presiones externas e internas en la toma de decisiones, injerencias indebidas en el nombramiento de funcionarios, hostigamientos de los medios de comunicación, falta de claridad en los procedimientos disciplinarios, entre otros factores, atacan a diario la independencia con la que los jueces deben ejercer su labor.

 

América Latina, en general, y Centroamérica, en particular, han sufrido desde hace décadas las consecuencias que las debilidades institucionales y democráticas le causaron, y le siguen causando, a la administración de justicia. Y aunque en algunos países la situación ha mejorado, en otros, como los centroamericanos, el panorama para los poderes judiciales es menos alentador.

 

Conscientes de esta problemática, magistrados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia se reunieron en días pasados en Ciudad de Panamá con representantes de la sociedad civil, para analizar el estado de la independencia judicial en sus países y encontrar posibles soluciones.

 

El evento, en el que estuvo presente ÁMBITO JURÍDICO, fue organizado por la Fundación para el Debido Proceso, con el apoyo de la fundaciones Konrad Adenauer, Tinker y Seattle International Foundation.

 

Injerencias externas

El equilibrio entre los poderes públicos, garantizado por el correcto funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, debería ser el común denominador en estos países, pero no es así. Hoy, todavía es evidente la injerencia que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen tanto en el nombramiento de los altos cargos de la Rama Judicial, como en la función de administrar justicia, en especial cuando se deciden asuntos de gran impacto político y trascendencia nacional.

 

La dificultad que esto genera es más evidente en un escenario como el actual, en el que algunos jueces, más allá de impartir justicia con apego al texto de la ley, comienzan a tener en cuenta en sus fallos realidades socio-políticas que no necesariamente dejan bien parados a los sectores más poderosos. De ahí que uno de los principales objetivos de los ataques a la independencia judicial sea el nombramiento de los magistrados de las altas cortes.

 

En este punto, los mecanismos previstos por los ordenamientos centroamericanos difieren en cuanto a la nominación, que puede correr por cuenta de comisiones de postulación, consejos de la judicatura o, incluso, por el Presidente de la República, como en el caso de Panamá. En lo que sí coinciden es en el órgano encargado del nombramiento, que en todos los casos es el Legislativo.

 

Para Sidney Blanco, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, desligar la participación política de la labor de administrar justicia es fundamental. “Hay que trabajar mucho en el proceso previo de selección. Enfatizar en que los magistrados no estén vinculados a partidos políticos”, señala.

 

La Constitución de El Salvador es clara en ese sentido. Por eso, el pasado 14 de octubre, la Sala de la que hace parte el magistrado Blanco declaró inconstitucional el decreto legislativo por el cual se eligió como magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a José Salomón Padilla, vinculado al partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En el fallo, la Sala advirtió que el sucesor de Padilla debe abstenerse de participar en cualquier movimiento político.

 

“El ejercicio de la función jurisdiccional debe hacerse de manera independiente, para lo cual es imperativo que los magistrados de la CSJ carezcan de afiliación partidaria. Estos funcionarios deben poseer moralidad y competencia notorias”, agrega el pronunciamiento.

 

El fallo salvadoreño contrasta con lo ocurrido en Guatemala, el pasado 12 de octubre, cuando la Corte Suprema de Justicia no pudo llegar a un acuerdo para elegir al presidente del organismo judicial. Organizaciones de la sociedad civil, como el Movimiento Pro Justicia, le atribuyeron este hecho a una actitud política, pues “se hizo muy evidente el interés de los grupos internos y externos a la CSJ”, según publicó el portal prensalibre.com.

 

Calidad y transparencia

Para evitar que a los altos cargos de la administración de justicia lleguen personas fácilmente manipulables por agentes externos, los intervinientes en el encuentro de Panamá coincidieron en la necesidad de fortalecer los procesos de selección, imprimirles transparencia,  establecer requisitos claros de evaluación y abrirle espacios de participación a la sociedad civil.

 

Carlos David Cálix, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Honduras, advierte que más que mecanismos legales, es necesaria una legitimación social: “No es solo cuestión de normas, sino de actitudes y comportamientos afuera y adentro del sistema (…). La justicia tiene que legitimarse, ser más eficiente, fortalecer los procesos de concursos o de selección de servidores del sistema judicial, es decir, por oposición de conocimientos y méritos profesionales, así como también la consideración del ejercicio profesional, ya sea en el ámbito público o privado, apegado a los valores y principios éticos”, agrega.

 

De hecho, un simple cambio de modelo no parece ser suficiente; además, es necesario incluir parámetros para que haya más transparencia en los procedimientos. En esta tarea, “el binomio poder judicial y sociedad civil es fundamental para construir un mejor sistema de justicia”, señala Josué Murillo, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, de Honduras. Similar opinión tiene Abraham Ábrego, subdirector ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, de El Salvador, para quien “el desarrollo legislativo no es garantía de que las cosas marchen bien”. Lo fundamental, agrega, es institucionalizar la participación pública.

 

En suma, un proceso transparente, que permita el examen de los méritos profesionales de los candidatos, y en el que se expliquen las razones por las cuales se considera que una persona es idónea para la función pública, aumentaría la probabilidad de elegir a los más preparados para la judicatura.

 

Procesos disciplinarios

Tan preocupantes como las presiones de agentes externos son las provenientes del propio Poder Judicial. La confluencia de funciones administrativas y jurisdiccionales en las distintas instancias de la administración de justicia no solo afecta la carga laboral de los despachos, sino que se presta para que las decisiones de los jueces inferiores estén atadas al querer de sus superiores, so pena de represalias de tipo administrativo o disciplinario.

 

Además, por lo general, las normas de evaluación de los jueces no son claras y las faltas disciplinarias están redactadas en términos demasiado amplios, lo que abre paso a la subjetividad, a la hora de imponer sanciones. Incluso, en algunos casos, la evaluación de la gestión de los funcionarios judiciales es usada con fines disciplinarios.

 

Lydia Gény, asistente externa de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, señala que a ese despacho le preocupa la concentración de poderes judiciales y administrativos en las cortes supremas, en especial cuando los nombramientos de magistrados están politizados.

 

Dentro de sus recomendaciones, la relatora propuso aplicar la ley de carrera judicial, adoptar leyes disciplinarias detalladas, que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de la infracción cometida, que se respete el debido proceso y que la responsabilidad de adelantar estos procedimientos sea de un órgano independiente.

 

Este último punto es apoyado por Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. En su opinión, “si los iguales juzgan a los iguales, no va a haber transparencia en el proceso disciplinario”.

 

En cuanto a la dispersión y amplitud en la tipificación de las faltas, Danilo Rojas, magistrado del Consejo de Estado colombiano, afirma que la fórmula es la reserva de ley, es decir, “implementar criterios de tipificación fuertes, con la mayor descripción posible de la conducta”.

 

Comunicación efectiva

Capítulo especial dentro de la agenda de trabajo tuvo la relación de los jueces con los medios de comunicación. Tal como pasa en el resto de América Latina, en Centroamérica la prensa tiene una fuerte influencia en la actividad judicial. Esa presión mediática es tal, que en ocasiones puede llegar determinar el sentido del fallo, lo que representa, a la vez, una clara afectación a la independencia judicial y un síntoma de debilidad de la administración de justicia.

 

Sin embargo, también se identificaron deficiencias en la comunicación de las decisiones judiciales a la comunidad, que se deben tanto a la falta de una política institucional en materia de comunicaciones, como a la poca claridad en el lenguaje utilizado por los jueces.

 

Para solucionarlo, se propuso establecer una política de comunicación dirigida a la ciudadanía, que parta de la obligación de explicarse socialmente y rendir cuentas. Además, se puso énfasis en la necesidad de modificar el lenguaje, para hacerlo comprensible, y de poner a disposición de los administrados las decisiones que tienen interés público y han sido difundidas por la prensa. En concreto, se planteó la posibilidad de designar un vocero, que comprenda la decisión tomada y se la haga entendible al ciudadano promedio.

 

Es importante tener en cuenta que en la medida en que se dicten sentencias claramente fundadas y accesibles al público, se facilita el control de la ciudadanía y se evita que se tomen decisiones arbitrarias. Y en ello, más que un agente de presión, los jueces pueden encontrar en los medios de comunicación un aliado estratégico.

 

La tarea por alcanzar una real independencia judicial en Centroamérica sigue su marcha. No en vano, el encuentro de magistrados y sociedad civil realizado en Panamá dejó compromisos a los que se les espera dar alcance regional. El apoyo de las organizaciones no gubernamentales, la academia y la propia judicatura será fundamental para el logro de ese urgente propósito.