Los cargos de profesional universitario grado 2, los asistenciales grado 4 y de director grado 3 creados por el Estatuto Anticorrupción en la Contraloría deben ser proveídos por concurso, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la expresión “de libre nombramiento y remoción” del artículo 128 (parcial) de la Ley 1474 del 2011). Para la Sala Plena, las 11 plazas deben ser ocupadas por funcionarios de carrera administrativa, en atención a lo ordenado por el artículo 125 de la Constitución, que insta a que la función pública sea ejercida por funcionarios de esta naturaleza, salvo en cargos de dirección, orientación y manejo o aquellos que requieran confianza por la trascendencia de las labores que le son propias. La Procuraduría había compartido la percepción de la Corte, al solicitarle que declarara la norma como contraria a la Constitución.