El diferendo limítrofe con Nicaragua, un año después del fallo de la CIJ

Hoy se cumple el primer año de la expedición de la sentencia en la que Corte Internacional de Justicia (CIJ) dirimió el diferendo limítrofe entre Nicaragua y Colombia. Para enfrentar los dilemas jurídicos que surgieron con esa decisión adversa, el Gobierno colombiano ha adoptado una serie de medidas, que tienen como punto de partida la consideración de que el fallo es inaplicable.

El Ejecutivo comenzó con la denuncia del Pacto de Bogotá, que reconoce la competencia de la CIJ, a finales de noviembre del 2012. Posteriormente, a los incentivos que se derivan de la Ley 1607 del 2012 (reforma tributaria) sumó el Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que consiste en inversiones y medidas de carácter social, entre ellas el apoyo a los pescadores. Estas medidas se tomaron mediante los decretos 295, 753, 1191, 1870, 1943 y 2052 del 2013. Además, impartió instrucciones para garantizar la protección ambiental en la reserva Seaflower.

Por otra parte, el Decreto 1946 del 2013 consolidó la Zona Contigua Integral, que contempla la plena jurisdicción y control sobre el archipiélago y los cayos colombianos. Además, con una nota entregada al secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, durante la pasada Asamblea General, Colombia expresó su preocupación por la política expansionista nicaragüense, luego de que ese país anunciara sus pretensiones sobre una plataforma continental extendida.

Finalmente, el pasado 12 de septiembre, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, demandó ante la Corte Constitucional el Pacto de Bogotá, aprobado mediante la Ley 37 de 1961, porque, a su juicio, la posibilidad de que fallos de la CIJ cambien los límites territoriales viola la Constitución (Expediente D-9852). Sin embargo, el Procurador General de la Nación, en concepto rendido ante el alto tribunal, consideró que esa corporación no puede revisar un tratado internacional que ya está en ejecución.

La reacción de Nicaragua

Mientras Colombia explora estrategias para hacerle frente a este revés jurídico internacional, Nicaragua busca que se le dé cumplimiento al fallo de la CIJ.

En septiembre pasado, Carlos Argüello, agente de Nicaragua en La Haya (Holanda), señalo que el anuncio hecho por el gobierno colombiano de que la sentencia es inaplicable viola el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual todas las sentencias de ese tribunal son de obligatorio cumplimiento.

“Las autoridades de Naciones Unidas quedaron debidamente al tanto de la situación y del manejo cuidadoso que Nicaragua está haciendo de este tema, incluso de las ofertas que el presidente Daniel Ortega ha estado haciéndole a Colombia, de sentarse a platicar las maneras de implementar la sentencia de la Corte”, añadió.

Luego, se conoció que el gobierno de Nicaragua presentó una nueva demanda contra Colombia ante la CIJ, en la que solicita que se declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, “más allá” de los límites definidos en la sentencia de noviembre del 2012.

El Ejecutivo nicaragüense precisó que la decisión se tomó tras la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia, lo que lo llevó a “tomar acciones y proceder a presentar una demanda en contra de Colombia antes de que entre en efecto esa denuncia”.

A nivel interno, el presidente Daniel Ortega anunció el trámite de una reforma a la Constitución de ese país, que busca incluir los nuevos límites geográficos establecidos por el fallo del tribunal internacional.

Consulte además:

Publicaciones de la CIJ relativas al diferendo limítrofe Nicaragua vs. Colombia

Guía de la Cancillería colombiana sobre el litigio con Nicaragua ante la CIJ