La Procuraduría exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que expidan una ley orgánica que delimite las facultades del Distrito Capital y los municipios conurbados para fijar áreas metropolitanas. En el mismo concepto, le solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que excluye a los mencionados entes territoriales del régimen ordenado por el Legislativo para tal tipo de áreas, que además señala que en la materia se deben dictar reglas especiales para Bogotá y Cundinamarca (artículos 1° (parcial) y 39 de la Ley 1625 del 2013). A juicio del Ministerio Público, la disposición no viola el principio de unidad de materia, pues con ella no se priva del derecho a establecer tales delimitaciones a las autoridades administrativas de estos entes territoriales, debido a que allí mismo se prevé que los regímenes relativos a este aspecto deben surgir en virtud de otra norma. El proyecto de fallo corresponde al despacho del magistrado Alberto Rojas.