Alfonso Gómez Méndez: “No se puede concluir que la justicia colombiana es corrupta”

La corrupción judicial, la reforma que se empieza a revivir en materia de justicia, las soluciones carcelarias que plantea el Gobierno y los reparos al sistema de juzgamiento penal fueron algunos temas tratados con Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia y del Derecho, en entrevista concedida a ÁMBITO JURÍDICO. Según Gómez, una eventual reforma judicial sería conversada con las altas cortes, pero no consensuada.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿El Gobierno ya tiene un diagnóstico sobre la corrupción en la Rama Judicial?

 

Alfonso Gómez Méndez: Es un tema coyuntural, pero del que siempre se habla. Ahora bien, no se puede presentar de manera general y concluir que la justicia colombiana es corrupta. Hay casos concretos que se han presentado, se presentan y se pueden presentar en el futuro. De lo que se trata es de crear instrumentos que, en lo posible, los eviten. En un hecho reciente, como el de los jueces y funcionarios capturados, aunque es muy grave, la Fiscalía y la Policía detectaron lo que estaba pasando. De un lado, hay alarma en la sociedad, pero, del otro, hay tranquilidad, en el sentido de que la justicia actuó en ese caso.

 

Á. J.: ¿Y frente al caso del exmagistrado Henry Villarraga?

 

A. G. M.: En muy grave, pero tampoco permite generalizar. Hay que pedir que la investigación se haga rápidamente. Pero no hay norma, ley, regulación o Constitución que pueda enmendar las faltas estructurales de las personas. Por eso, hemos procurado tratar el asunto integralmente, desde la preparación de los abogados. ¿Qué tipo de profesionales estamos formando? Debe haber un compromiso para mejorar ese tema, inclusive, el congresista Germán Navas planteó, y el Gobierno lo patrocinaría, el examen de Estado para egresados, de tal forma que, una vez el estudiante termine la carrera, solo pueda ejercerla cuando valide esa preparación. Lo que no se puede admitir es la afirmación de que la justicia colombiana es corrupta; es un calificativo inmerecido para la mayoría de funcionarios.

 

Á. J.: ¿Son unas pocas “manzanas podridas”?

 

A. G. M.: No sé si la afirmación es la adecuada, pero son casos individuales, tampoco desconozco la gravedad y, de hecho, eso se refleja en las encuestas, como la última que concluye que la imagen negativa del Poder Judicial es de cerca del 71 %.

 

Á. J.: ¿Qué incluiría en una eventual reforma al sistema judicial?

 

A. G. M.: Hay dos tipos de problemas de la justicia. De un lado, la lentitud y congestión, que es lo que más afecta al ciudadano. La verdadera reforma a la justicia consiste en cumplir los términos procesales. ¿Por qué la mayoría de colombianos pondera la tutela? Porque se falla rápido. Entonces, ¿por qué los jueces son buenos resolviendo tutelas y no tanto como jueces ordinarios? ¿Qué se está haciendo? Las nuevas normas, como el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), buscan que la primera instancia de todo proceso no dure más de un año y la segunda, seis meses. Lo que necesitamos es que se cumplan esos términos. Para ello, se requiere una buena carrera judicial y escoger a los mejores funcionarios en cada cargo.

 

Á. J.: ¿Y el otro problema?

 

A. G. M.: Es una crisis de la integración de los órganos judiciales al más alto nivel. La Constitución de 1991 es un modelo en América Latina en la parte dogmática, con principios, garantista y pluralista, pero en la parte orgánica, es decir, en la organización del Estado, no ha sido tan exitosa. Un ejemplo es el Consejo Superior de la Judicatura, tiene dos salas, una administrativa que, en sentido estricto, no falla, y otra disciplinaria, con serios cuestionamientos. El principal problema de este organismo es que no se ha tenido el cuidado de nombrar magistrados de carrera. Así mismo, hay que eliminar todas las funciones electorales que tienen las cortes. Despolitizar ciertas entidades, para que los magistrados se dediquen a lo que hacen en todas las partes del mundo: fallar.

 

Á. J.: ¿Qué se tiene en mente frente a la elección de magistrados?

 

A. G. M.: Se está pensando en aumentar la edad para llegar a las cortes, en el entendido de que eso debería ser lo último que haga un abogado en su vida. Así mismo, hemos pensado en incrementar la edad de retiro forzoso, a 70 o 75 años, sin incluir a los actuales miembros de las cortes. Lo mismo sucedería con los altos funcionarios del Estado. La Constitución de 1991 cometió el error de poner a magistrados y a congresistas en la posición reciproca de investigados e investigadores, por lo cual nunca han funcionado los juicios para algunos aforados.

 

Á. J.: ¿Desaparecería la Comisión de Investigación y Acusación?

 

A. G. M.: La Cámara de Representantes puede seguir cumpliendo esa función de acusador, pero la investigación la debería hacer un cuerpo independiente, integrado por altas personalidades en la materia, una especie de consejo de ancianos, y el Senado se encargaría del juicio.

 

Á. J.: ¿Y la doble instancia para los congresistas?

 

A. G. M.: Hay que crearla. Es una garantía que tiene todo procesado.

 

Á. J.: ¿Eso lo tratarán con las cortes?

 

A. G. M.: Sí, pero si el Gobierno presenta la reforma, sería un proyecto conversado con las cortes, no consensuado.

 

Á. J.: ¿Fracasó el sistema penal acusatorio (SPA)?

 

A. G. M.: Desde el principio, como Fiscal General, fui muy crítico y no quise, como me lo propusieron, implantar el SPA, porque me parecía que era un trasplante y que nosotros podíamos tener nuestro propio sistema. En cierta forma, la Constitución de 1991 traía una especie de SPA a la colombiana. No es cierto, como se dijo en su momento, que hasta antes de 1991 estaban unidas las funciones de acusación y juzgamiento. Incluso, desde 1987, en el Código de Procedimiento Penal de ese año ya estaban divididas: los jueces de instrucción formulaban la acusación y los jueces de circuito o superiores hacían el juicio.

 

Á. J.: ¿Qué errores ha tenido el SPA?

 

A. G. M.: Nosotros cambiamos la Ley 600 del 2000, que tenía elementos de oralidad y  respetaba la identidad colombiana, sin análisis, sin estudios, sin estadísticas, sin datos, solo con frases llamativas, como, por ejemplo, que el sistema vigente en ese momento abusaba de la detención preventiva y había que ponerle freno. ¿Qué ha pasado con la detención preventiva? Ha aumentado, cuando yo era fiscal, había 50.000 internos, hoy hay 123.000, 35 % con detención preventiva. Entonces, eso no era verdad. La celeridad era otro presupuesto y, solo por mencionar un caso: Samuel Moreno lleva dos años en detención preventiva. Con razón, la gente lo comienza a llamar “sistema aplazatorio”. El SPA ha funcionado para casos de flagrancia, pero es el momento de hacer un análisis concienzudo sobre sus beneficios.

 

Á. J.: ¿Qué propuestas se pueden considerar?

 

A. G. M.: Le escuché una al jurista Bernardo Gaitán Mahecha: mantener el sistema de la Ley 600 para ciertos delitos y aplicar el SPA en los demás. Eso existe en la actualidad frente a los congresistas. No hay que regresar al pasado, pero sí se pueden explorar soluciones. Igualmente, se deben mejorar los sistemas de investigación. El SPA se implementó sin fortalecer el CTI y, por eso, hoy, las investigaciones tienen como base, en su mayoría, la delación. El principio de oportunidad ha llegado a tales extremos que todos son testigos y no hay ningún procesado de verdad.

 

Á. J.: ¿Qué hacer en materia carcelaria?

 

A. G. M.: Existen muchos retos. Esta sociedad sigue creyendo que los problemas sociales se resuelven con cárcel. Entonces, a veces, hay presiones mediáticas al Congreso, para que en determinados casos cree delitos o aumente penas. Y, por eso, se creó un círculo vicioso: los mismos que piden aumentar penas son los que se quejan del hacinamiento carcelario. Yo propongo enseriar la política criminal, para que todo proyecto que implique aumento de penas, creación de delitos o modificación de procedimientos sea evaluado, en primer lugar, por el Consejo de Política Criminal, para que no sigamos legislando al vaivén de las coyunturas y para que vaya a la cárcel quien sea un verdadero peligro para la sociedad: extorsionistas, violadores, homicidas, secuestradores, entre otros.

 

Á. J.: ¿Qué otras medidas propone?

 

A. G. M.: Hay medidas de corto plazo: con el proyecto de ley que reforma el Código Penitenciario vamos a flexibilizar ciertos mecanismos de detención domiciliaria, suspensión de la condena y libertad condicional. Así mismo, estamos construyendo entre 7.000 y 10.000 nuevos cupos de mediana seguridad. Desde luego, si es del caso, habrá que hacer más cárceles, pero también hay que fortalecer las audiencias virtuales y permitir que, salvo los casos citados, la persona atienda su proceso en libertad.

 

Á. J.: Si se aprueba la reforma, ¿qué número de reclusos quedaría en libertad?

 

A. G. M.: Entre 7.000 y 10.000.

 

Á. J.: Ya se alerta sobre congestión en vigencia del CPACA.

 

A. G. M.: Volvemos a lo mismo: cambiar las normas es muy fácil, lo difícil es cambiar la mentalidad. Todo el mundo dice “oralidad”, “oralidad”, “oralidad” y suena bien, y claro, debería ser muy bueno, pero hay que mirar si se dan las condiciones para implantarla.