La Corte Constitucional declaró exequible la norma que regula la capacidad de actuación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor frente a los directivos de las sociedades de gestión colectiva. En la misma determinación, recordó que la capacidad del organismo para imponer medidas cautelares debe estar fijada en la legislación (Sentencia C-835/13). La corporación determinó que las atribuciones conferidas a la entidad son razonables, debido a la necesidad de intervención del Estado en la economía. La Procuraduría había sugerido declarar ajustada a la Constitución esta norma.