La Cámara de Representantes aprobó ayer, en último debate, el proyecto de ley que reglamenta el incidente de impacto fiscal, mecanismo con el que se busca prevenir los efectos que las sentencias de las altas cortes puedan tener sobre las finanzas públicas.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que esta herramienta no afectará la acción de tutela ni será una nueva instancia para desacatar fallos judiciales, pues ningún derecho fundamental podrá ser cuestionado con este recurso.

Según Cárdenas, una vez proferida la sentencia, se entra en una etapa de diálogo con las altas cortes, para llegar a un acuerdo sobre cómo se le va a dar cumplimiento.

Además, señaló que esta nueva figura constitucional permitirá “asegurar la protección de los derechos fundamentales de las generaciones actuales, así como también garantizarlos a las generaciones futuras”.

El proyecto señala que la Procuraduría General de la Nación o los ministerios podrán solicitar la apertura de este mecanismo, que procedería respecto de todas las sentencias o autos proferidos por las altas corporaciones, incluidas las decisiones de tutela.

Además, solo habría dos razones para rechazar el incidente: cuando se presente por fuera del término previsto y cuando no se corrija dentro del tiempo establecido.

Vale la pena recordar que, el mes pasado, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) advirtió que el proyecto de ley tiene problemas de inconstitucionalidad, inconveniencia y otros que, pese a su importancia, fueron omitidos en la propuesta.