Corrupción, una grieta para la confianza en la justicia

El reconocimiento de la administración de justicia como servicio público esencial ha hecho que cualquier cese de actividades o suspensión del trabajo resulte contrario al ordenamiento constitucional.

 

En la misma medida, podría señalarse que los actos de corrupción que afectan el correcto desenvolvimiento de esta función pública, como la define el artículo 228 constitucional, más allá de vulnerar normas específicas del ordenamiento penal o disciplinario, afectan seriamente derechos esenciales de los ciudadanos en un Estado democrático.

 

Ello explica la efervescente reacción de las altas cortes, del Presidente de la República, así como la avalancha de artículos de prensa y análisis académicos, reprochando los recientes actos de corrupción en la justicia. Aunque hechos de este tipo no son nuevos, quizás el debate está tomando un rumbo distinto al que solía dársele.

 

ÁMBITO JURÍDICO consultó a expertos y protagonistas de uno de los temas que ha ocupado la atención en las últimas semanas.

 

Rumbo a la reforma

En el complejo debate sobre la reforma a la justicia,  puede abrirse la discusión sobre la necesidad de fortalecer los controles, como sanciones o penas, para funcionarios judiciales que incurran en actos de corrupción.

 

Otra propuesta, sin embargo, busca fortalecer las herramientas educativas que se brindan a los futuros operadores judiciales, para que, a través de un comportamiento ético, se recupere la confianza ciudadana.

 

La anterior afirmación se sustenta, parcialmente, en uno de los resultados de la Encuesta nacional de necesidades jurídicas, presentada el pasado 28 de agosto, contratada por el Ministerio de Justicia y realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, con la colaboración de Dejusticia.

 

Una de las barreras de acceso identificadas es la confianza institucional, la cual debe manifestarse no solamente respecto del operador individual, sino también del marco institucional de referencia. Por ejemplo, si los ciudadanos piensan que el sistema es ineficiente y corrupto, pueden decidir que no vale la pena acudir ante él.

 

En ese sentido, Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, considera que es necesario revisar, complementar y mejorar la actual legislación sobre exigencias éticas y profesionales de los miembros de la Rama Judicial.

 

La magistrada del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) María Mercedes López va más allá, al señalar que se requiere analizar las vías de ingreso y permanencia en la Rama Judicial. De esta manera, se debería evaluar si quienes accedieron a ella conservan el mérito para permanecer allí. 

 

“Para ello, tendrían que establecerse métodos de evaluación periódica que sirvan de filtro para procurar el mejoramiento continuo de la planta de personal de la justicia”, concluye López.

 

Corruptos y corruptores

Según cifras del CSJ, entre el 2012 y octubre del 2013, han sido sancionados 174 funcionarios de la Rama Judicial (ver recuadros).

 

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Nacional para la Investigación de Funcionarios de la Rama Judicial, reportó que, entre abril del 2012 y febrero de este año, se iniciaron 699 actuaciones penales, de las cuales 145 ya fueron evacuadas.

 

La presunta transacción para trasladar un expediente de la justicia ordinaria a la penal militar es solo uno de los casos que, al parecer, con mayor frecuencia, están protagonizando funcionarios judiciales de todos los niveles.

 

Algunos ejemplos que dan cuenta del creciente fenómeno de corrupción en la Rama Judicial son la captura, en abril de este año, de un juez por prevaricato, al fallar una tutela contra los recicladores de Bogotá, y la de 11 funcionarios del Complejo Judicial de Paloquemao, el pasado mes de octubre. A esto se suma el escándalo que envuelve al exmagistrado Henry Villarraga, que renunció al CSJ para atender su defensa.

 

Y hay otros casos que han pasado a un segundo plano de la atención mediática, como el denominado “carrusel de pensiones”, en el CSJ, y los desfalcos apoyados en decisiones judiciales, como Foncolpuertos y Cajanal.

 

Pero este fenómeno de corrupción tiene, generalmente, un protagonista paralelo al funcionario que defrauda el interés de la sociedad a una recta administración de justicia. Al respecto, Borrero manifiesta que aunque no hay evidencia de esa relación,  “indudablemente en actos de corrupción se necesitan dos: el que propone y el que lo acepta”. Agrega que, en muchos casos, los ciudadanos se resisten a aceptar las decisiones judiciales y hacen todo lo posible por modificarlas.

 

Un diagnóstico similar presentó María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados. En su opinión, “algunos litigantes sucumben a la facilidad de los beneficios inmediatos que representa la actuación amañada”.

 

No en vano, según estadísticas del CSJ, desde su creación, en 1991, han sido sancionados 14.540 abogados, de los cuales 3.848 lo fueron entre el 2010 y octubre de este año.

 

Justicia para los jueces

La falta de control sobre los funcionarios judiciales se evidencia desde aquel que debe ser aplicado a las altas cortes. Al respecto, Borrero indica que este es inexistente, por la incapacidad y problemas de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de vigilar a los magistrados.

 

En sentido similar, López expresa que la Constitución se equivocó cuando le entregó a un ente político responsabilidades judiciales. Por lo tanto, considera urgente una reforma estructural de la justicia, “para que los altos dignatarios de los tres poderes cuenten con un juez serio, eficaz y que, a este nivel, tampoco haya impunidad”.

 

El abogado y académico Ramiro Bejarano indica que, para recuperar la confianza en el sistema judicial, debe instrumentarse una reforma que modifique el sistema de designación de los magistrados de las altas cortes. Así mismo, esta debe implantar un mecanismo eficiente para que los mismos sean juzgados y “despolitizar las cortes, empezando por suprimirles las facultades electorales que, infortunadamente, les fueron atribuidas en la Carta de 1991”, señala.

 

En un debate que, al parecer, hasta ahora se empieza a asumir con seriedad, surgen muchos interrogantes y pocas conclusiones. Quizás es momento de mirar experiencias ajenas, como los códigos de ética para jueces y magistrados que se están promocionando en América Latina, tal como lo advierte Gloria Borrero.

 

Sin embargo, sin mayor esfuerzo, puede concluirse que una justicia corrupta no es justicia. Por lo pronto, el Gobierno ya reveló las propuestas que expondrá en una eventual reforma, con miras a recuperar la credibilidad ciudadana en sus jueces (ver “No se puede concluir que la justicia colombiana es corrupta”, pág. 17).

 

 

Sanciones disciplinarias 2010-2013

 

Año       Abogados           Funcionarios

2010      1490                      265        

2011      1159                      201

2012      689                        105        

2013*    510                        69          

(Fuente: Consejo Superior de la Judicatura)

*Datos a octubre.

 

Wilson Ruiz Orejuela: “La reforma a la justicia debe regresarle la legitimidad a la Rama Judicial”