Fueron declarados constitucionales los beneficios tributarios a publicaciones cobijadas con la Ley 98 de 1993). Para la Corte Constitucional, no se ofrece un trato discriminatorio con las medidas, ya que fenómenos económicos y comerciales hacen razonable el trato diferenciado entre los periódicos y la industria editorial, en materia de impuestos. La Procuraduría había coincidido con la posición asumida por la Sala Plena. Cabe destacar, así mismo, que el magistrado Alberto Rojas salvó el voto.