ÁMBITO JURÍDICO presenta un completo resumen sobre la actividad legislativa de las plenarias del Congreso durante la última semana de sesiones ordinarias.
La modificación implementada por esta ley, que fortaleció los fiscos de las entidades territoriales, estuvo dirigida a la forma del recaudo de este tributo y a la base gravable.
El aparte acusado vulnera, presuntamente, el derecho a la igualdad y al debido proceso, consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política.
Si bien la tutela no es precedente para reconocer la filiación, las autoridades encargadas de estos trámites cuentan con alternativas para no vulnerar los derechos de los menores.
Los procesos que fueron objeto de estudio por parte del alto tribunal constitucional trataban de trabajadores en situación de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud y, en otros, en condición de discapacidad.
Los organismos de tránsito, las direcciones territoriales del Mintransporte y las personas naturales o jurídicas que presten servicios al sector de tránsito y transporte deben estar registrados en el RUNT.
Los representantes a la Cámara serían elegidos en igual número de circunscripciones transitorias especiales de paz, uno por cada una de estas divisiones.
La Corte Suprema de Justicia recuerda que el contrato de prestación de servicios médicos es el que indica los deberes jurídicos asumidos por el galeno.
La Sentencia C-332 del 2017 declaró la inexequibilidad de los literales h) y j) del artículo 1° del Acto Legislativo para la Paz. El eje central del incidente de nulidad se fundamenta, principalmente, en la violación al debido proceso.
Se crearía la Jefatura de Tamizaje Neonatal, la cual se encargaría de la toma de la muestra, transporte, almacenamiento, procesamiento, entrega de información y disposición de la misma.
El alto tribunal resolvió una acción pública de inconstitucionalidad que atacaba parcialmente el artículo 150 de la Ley 1801 del 2016, el cual se relaciona con la orden de policía que no sea de inmediato cumplimiento.
Para responder a este interrogante, el Ministerio de Hacienda analizó el Decreto 1071 del 2015 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
Este fallo es clave para entender, desde lo dogmático y lo casuístico, la configuración de esta conducta penal, la cual se encuentra prevista en el artículo 229 del Código Penal.
Conozca los detalles de esta importante iniciativa para el ordenamiento jurídico colombiano, la cual ya cuenta con ponencia positiva para penúltimo debate.
Tenga en cuenta que la norma vigente en materia de inembargabilidad de bienes es el artículo 594 del Código General del Proceso. Conozca uno de los más recientes conceptos de la Supersociedades.
La Sala Disciplinaria estudió también el recurso de apelación de la representante del Ministerio Público, en el cual se planteaba como eje central de su inconformidad el quantum de la sanción impuesta.
La iniciativa reduciría de 1.300 a 1.150 las semanas necesarias para que las mujeres accedan a la pensión de vejez, sin embargo este beneficio se verá directamente afectado con respecto al monto de la pensión.
Se propone este mecanismo con el propósito de ayudar a la recuperación de cartera, que suma más de un billón de pesos, cifra que sería invertida en programas de seguridad vial.
Según el fallo, si el contratista recurre a la jurisdicción está en la obligación de desvirtuar la naturaleza del contrato estatal, como quiera que es él quien está llamado a demostrar los elementos esenciales o configurativos de una verdadera relación laboral.
Encuentre una completa recapitulación sobre la actividad legislativa de las plenarias del Congreso y de las comisiones constitucionales permanentes durante la semana pasada.
El fallo disciplinario es claro en decir que el profesional del Derecho está comprometido a asesorar en debida forma, pues tiene el conocimiento técnico y las competencias para gestionar un resultado exitoso, desde la legalidad.
Una sentencia reciente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia aborda esta temática partiendo de las normas reglamentarias de la Ley 100 de 1993, en particular el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 y lo dispuesto por la Ley 4 de 1992.
Quedan excluidas de esta tipicidad aquellas decisiones que puedan ser discutibles en sus fundamentos pero en todo caso razonadas, como también las que por versar sobre preceptos legales complejos admiten diversas posibilidades interpretativas.
Los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo se apartaron de la decisión, por considerar que se omitió analizar la vigencia del artículo 21 del Decreto 758 de 1990.
El litigante fue hallado responsable, principalmente, de incurrir en la falta prevista en el numeral 9° del artículo 33 de la Ley 1123 del 2007, a título de dolo.
Bastaría con reformar los estatutos sociales mediante la inclusión en el objeto social de las actividades que realiza como persona natural y correlativamente cancelar la matrícula de comerciante.
La reasignación de estos procesos se efectuó en virtud de lo previsto en la Ley 1781 del 2016, la cual modificó los artículos 15 y 16 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
En los casos en que no procede la indemnización moratoria, la jurisprudencia laboral reconoce la indexación o corrección monetaria respecto de los montos adeudados.
El concepto de personas públicamente expuestas comprende la categoría de personas expuestas políticamente, las aseguradoras pueden incrementar a ellas los requisitos de vinculación.
El argumento de la propuesta es que son necesarias las penas, dada la condición de fundamental que hoy se le reconoce estatutariamente al derecho a la salud.
Por presunta violación de los artículos 13 y 258 de la Constitución Política, según una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 2° de la Ley 403 de 1997 y el artículo 1° de la Ley 815 del 2003.
Es necesario evaluar en cada caso las circunstancias de tiempo, modo y lugar y establecer la existencia de violaciones a las normas de protección al consumidor.
Hace cuatro años se reglamentó el funcionamiento de los juzgados de ejecución para las especialidades civil y familia, en desarrollo del nuevo modelo de gestión que trata el artículo 618 del Código General del Proceso.
Para hacer efectiva la no causación del impuesto nacional al carbono, el sujeto pasivo que puede certificar ser carbono neutro deberá presentar al productor o importador responsable del tributo la solicitud de no causación.
Los contribuyentes que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho podrán solicitar ante la DIAN la conciliación, en los términos del artículo 305 de la Ley 1819 del 2016.
El trámite de una reclamación de reajuste salarial y prestacional debe atenerse a las reglas de prescripción cuatrienal de derechos, explicó el Consejo de Estado.
Debía la investigada respetar el marco de competencia de la Fiscalía, pues es la autoridad llamada a establecer, en principio, si realiza o no imputación contra los indiciados, sin que le fuera dable adelantar juicios de responsabilidad.
El Decreto 1990 del 2016 fijó los plazos máximos para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, pero estos plazos fueron ampliados. Conozca en detalle los cambios.
El Senado dio a conocer el texto definitivo de la iniciativa, que pasa a estudio de la Cámara en penúltimo debate, lo que modificaría el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
La Sección Segunda del Consejo de Estado anuló los artículos 96, 98 y 99 del Decreto 1469 del 2010 y dos expresiones contenidas en los artículos 81 y 82 de la misma norma.
Corresponde a los administradores verificar el cumplimiento de determinados presupuestos, como sería proteger el patrimonio y no afectar otras obligaciones.
Si la omisión o el pago tardío de las acreencias laborales por parte del empleador estuvo justificada en razones serias y razonables no procede la aplicación de la sanción contemplada en el Decreto 797 de 1949.
Las nuevas condiciones establecidas en la Ley de Amnistía e Indulto sancionada el año pasado crean beneficios que también aplicarían a los procesados de Justicia y Paz, lo que genera conflictos de competencia.
La Sala Disciplinaria infirió que la conducta tenía como objetivo que la paciente, una mujer de escasos recursos económicos, no instaurara una acción de reparación directa por responsabilidad médica.
La Corte Constitucional consideró que se debe avanzar en la jurisprudencia hacia la protección constitucional de una de nuestras fuentes de biodiversidad.
Este interrogante lo resuelve la Superintendencia de Industria y Comercio al hacer precisiones sobre el artículo 26 de la Ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor).
Así lo indicó Minsalud al pronunciarse sobre el alcance de las normas del Código de Policía y Convivencia frente al ingreso de animales a lugares abiertos al público.
Uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue unificar el sistema de seguridad social en un solo estatuto, aunque dan lugar a varios tipos de relaciones jurídicas.
Así lo propone el Ministerio de Comercio para alcanzar un mayor nivel de cumplimiento de la obligación y teniendo en cuenta que el número de inscritos apenas llega al 25 % del total.
El CTCP indica que la Ley 1314 del 2009 exige aplicar los nuevos marcos a todas las personas naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad.
La Comisión Primera de la Cámara aprobó el proyecto de acto legislativo que modificaría la estructura administrativa interna de la Corte Suprema para garantizar la doble instancia para el juzgamiento de aforados.
El Consejo Superior de la Judicatura precisó que cuando un abogado asume un compromiso profesional se obliga a realizar todas las actividades con el fin de cumplir las gestiones encargadas.
El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción con censura impuesta a un abogado por la comisión de la falta la descrita en el literal e) del artículo 34 de la Ley 1123 del 2007.
Aun cuando no exista la propiedad de más del 50 % pueden presentarse otras circunstancias que permiten inferir el sometimiento de una sociedad a la voluntad de otra u otras personas naturales o jurídicas.
La Corte Suprema explica los presupuestos sustanciales de dicha causal y recuerda que el propósito de la acción es remover la intangibilidad de la cosa juzgada cuando una decisión comporta un contenido de injusticia material.
La Sala Plena de la Corte Constitucional informó, a través del Comunicado de la Sentencia C-308 del 2017, los argumentos que tuvo en cuenta para condicionar una expresión, contenida en el inciso sexto y en el parágrafo tercero del artículo 126-1 del Estatuto Tributario.
El decreto ley tiene 82 artículos y determina quiénes serán sujetos de acceso a la tierra y su formalización, también se establece un procedimiento único para acceder a ella y crea un registro para priorizar a los beneficiarios de la reforma.
Al amparo de las facultades extraordinarias, que estuvieron vigentes por 180 días, el presidente Santos expidió más de 30 decretos con fuerza de ley, para asegurar la implementación del acuerdo final.
La Comisión Séptima de la Cámara aprobó el proyecto de ley de autoría gubernamental que eliminaría las corridas de toros en todo el territorio nacional.