La plenaria de la Cámara será la encargada de estudiar la iniciativa, que ya cuenta con ponencia positiva para segundo debate. La propuesta adicionaría el artículo 454 del Código Penal, sobre fraude a resolución judicial, para establecer el aumento de una tercera parte a la mitad de la pena (1 a 4 años de prisión) a quien no cumpla con los términos impuestos en fallos de tutela relacionados con el derecho fundamental a la salud, independiente de que se cumpla la orden. Como pena accesoria se impondría una multa de 5 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Según los autores de la propuesta, es necesario crear un mecanismo de coacción para lograr el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales, en especial las relacionadas con la salud de los ciudadanos. En el documento adjunto podrá consultar la ponencia de esta iniciativa.