La obligación de cancelar la inscripción de la garantía mobiliaria pasa a revisión constitucional (10:57 a.m)

Una demanda ataca la constitucionalidad del artículo 76 de la Ley 1676 del 2013, que, al regular el acceso al crédito, impuso al acreedor el deber de cancelar la inscripción de la garantía mobiliaria después de cumplir todas las obligaciones a su favor. Para el demandante, esta disposición vulnera el artículo 229 superior, así como el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 2°, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En efecto, en el escrito explica que el alcance de esa consagración instituye una barrera al acceso a la administración de justicia, porque obliga al garante cumplido a seguir un procedimiento con altos costos de tiempo, dinero y trámites, antes de permitirle acceder a los mecanismos ordinarios idóneos para que se cancele una garantía mobiliaria que grava sus bienes.