Conozca la reciente unificación de criterio sobre el incremento pensional por persona a cargo (9:07 a.m)

A través de un comunicado, la Corte Constitucional dio a conocer una sentencia unificadora con la que estableció el criterio sobre el incremento de la mesada pensional por persona a cargo, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 21 y 22 del Decreto 758 de 1990. Esta normativa indica que las pensiones de vejez e invalidez se incrementan en un 14 % sobre la pensión mínima legal por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de este y no disfrute de una pensión. Frente a estas disposiciones existían dos interpretaciones sobre que los incrementos pensionales no forman parte integral de la pensión y que el derecho a ellos subsiste mientras perduren las causas que le dieron origen: (i) Algunos consideraron que el hecho de que los incrementos pensionales no formen parte integrante de la pensión significa que no gozan de los atributos del derecho pensional, entre ellos la imprescriptibilidad, es decir, estos incrementos sí prescriben y (ii) Otros han argumentado que al subsistir el derecho mientras perduren las causas que le dieron origen este es imprescriptible, lo cual refuerza con el principio de favorabilidad en materia laboral. Sin embargo, el alto tribunal consideró que la interpretación más favorable a los intereses de los trabajadores pensionados es que los incrementos pensionales de la norma aludida no prescriben con el paso del tiempo, toda vez que encuadra en el marco de la disposición del artículo 22 indicado al reconocer que al subsistir el derecho al incremento perduran las causas que le dieron origen y corresponde con la interpretación autorizada por las normas constitucionales, ya que es respetuosa del principio de in dubio pro operario. Igualmente, enfatizó que si bien los incrementos no prescriben, las mesadas causadas y no reclamadas oportunamente sí prescriben. Los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo se apartaron de la decisión, entre otras razones por considerar que se omitió analizar la vigencia del artículo 21 del Decreto 758, dado que estos incrementos condicionales se encuentran derogados por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 (M. P. Aquiles Arrieta Gómez).