La decisión se da apenas una semana después de que el Tribunal Superior de Bogotá decidiera darle trámite al desacato que, como contamos, abrió un nuevo round en la pelea judicial por el derecho a la protesta que inauguró la sentencia de 2020 de la Corte Suprema.
El alto tribunal llevó a cabo el control inmediato de legalidad de la Circular 01-3-2020-000055 del 2020 expedida por el SENA. Dicho documento adoptó medidas y dio orientaciones temporales y extraordinarias en relación con el funcionamiento interno y la contratación de la entidad.
Fue demandado ante el Consejo de Estado el artículo 1.2.1.20.7 del decreto único reglamentario en materia Tributaria (Decreto 1625 del 2016), modificado por el artículo 6 del Decreto 2250 del 2017
Para el Consejo Superior Judicatura a la reforma se le han incorporado artículos que contrarían la Constitución y desnaturalizan la Iniciativa.
Esto da cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 0038 del 2020, con la cual se adoptó la notificación por medios electrónicos en la entidad.
La entidad suspendió términos de notificación de las delegaciones de actos administrativos en materia tributaria; aduanera; cambiaria y administrativa, con intervención de correo físico, que se reciben de la Coordinación de Notificaciones o en las direcciones seccionales del país.
Según la Corte, se desconoció la reserva de ley estatutaria para regular la participación en política de los funcionarios públicos.
El Consejo de Estado precisó que el derecho de petición integra la facultad de presentar peticiones y el deber de atenderlas.
Cuando un menor que está privado de su libertad sufre una lesión que no está en el deber jurídico de soportar se materializa un daño antijurídico, explicó el Consejo de Estado.
El término para que se entienda surtida la notificación personal que se establece desde la entrega a la oficina de correos desconoce varias normas constitucionales.
Así lo señaló la Corte Constitucional luego de aplicar retrospectivamente la regla de la Ley 1960 del 2019 a una lista de elegibles conformada antes de la entrada en vigencia de la norma.
