Por la pérdida de la capacidad laboral del 75 % que sufrió un policía bachiller al ser agredido por un hincha de un equipo de fútbol, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional es administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados mientras prestaba el servicio militar obligatorio. Frente a la demanda de reparación directa, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la parte pasiva a pagarle más de $ 568 millones (en el 2013). Sin embargo, esta decisión fue apelada y, en segunda instancia, esta Corporación modificó la tasación de la condena y condenó a las autoridades a pagarle al exuniformado $ 100 millones como reparación al daño moral.  Además, le dio la razón las autoridades y determinó que ante el reconocimiento de la pensión de invalidez no era posible conceder la indemnización del daño por lucro cesante, pues ello equivaldría a acumular concesiones resarcitorias, contrariando lo que en la actualidad sostiene la jurisprudencia (C. P. María Adriana Marín).