Exequible norma que unifica requisitos para solicitudes de autorizaciones ambientales

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión del artículo 125 del Decreto Ley 2106 del 2019, que unificó la normativa en materia de requisitos, información y datos para la solicitud de autorizaciones ambientales. Dicho decreto fue expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y en él se llevó a cabo una depuración de trámites innecesarios dentro de la administración pública. La expresión fue acusada de vulnerar la autonomía funcional de las corporaciones autónomas regionales (CAR) prevista en el artículo 150 de la Constitución, así como el principio de rigor subsidiario. Al respecto, la Corte encontró que aunque en un primer momento la norma sí restringe dicha autonomía y limita el mencionado principio, consideró que “no eran absolutos y admitían limitaciones, siempre que fueran razonables y proporcionados”. A partir de lo anterior, la Corporación aplicó un juicio de proporcionalidad intermedio y concluyó que las limitaciones que las expresiones imponían sobre los preceptos antes mencionados se encontraban justificadas. Lo anterior porque (i) “perseguían finalidades constitucionales importantes”, (ii) “la medida consistente en unificar los requisitos, información y datos que debían ser cumplidos y presentados por el interesado para que la autoridad ambiental diera trámite a la solicitud de las autorizaciones ambientales era efectivamente conducente para alcanzar dichas finalidades”. También, (iii) porque “las limitaciones eran proporcionadas en sentido estricto”. Los magistrados Diana Fajardo, Cristina Pardo, Alberto Rojas y José Fernando Reyes salvaron su voto mientras que los magistrados Gloria Ortiz, Antonio José Lizarazo y Jorge Enrique Ibáñez lo aclararon. Por su parte, el magistrado Alejandro Linares se reservó dicha posibilidad (M. P. Paola Meneses Mosquera).