El Consejo de Estado, en el marco del control automático de legalidad de las decisiones generales adoptadas por las entidades del orden nacional al amparo de la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica del 17 de marzo del 2020, declaró la nulidad del literal c) del numeral 5.1.1 de la Resolución 843 del 2020, por medio de la cual el Ministerio de Salud estableció el protocolo de bioseguridad para el manejo y administración del riesgo de proliferación del coronavirus en establecimientos penitenciarios y carcelarios, por considerar que permite mezclar a personas con enfermedad respiratoria que no haya sido diagnosticada y a los sospechosos de haberse contagiado de coronavirus, creando escenarios de contagio y poniendo en riesgo la salud de los privados de la libertad. De otra parte, los trabajadores de los establecimientos de reclusión tampoco estarán obligados a informar qué personas y lugares han visitado en los último 10 días, tal y como lo preveía la norma. Se declaró la nulidad de la expresión “las personas y lugares visitados, fecha, lugar, nombre de las personas y número de personas con las que se ha tenido contacto en los últimos 10 días”, contenida en el numeral 3.4 del anexo técnico del protocolo en cuestión. Según la Corporación, si bien es necesario identificar posibles contactos con personas contagiadas para detener la transmisión del virus, proporcionar dicha información afecta el derecho a la intimidad, sin que se advierta qué relación tiene esta exigencia con la prevención de transmisión del virus (C. P. Nicolás Yepes Corrales).