Al decidir un recurso de apelación, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, quedando en firme la sanción ambiental que la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) le impuso a un particular por ejercer labores de tala o quema de vegetación dentro de una zona protegida, cerca del río Magdalena. El alto tribunal administrativo se abstuvo de emitir un juicio sobre la legalidad de esta determinación, por considerar que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que ejerció el sancionado contra la decisión de la CAM se interpuso después de vencidos los términos legales previstos para este tipo de demanda. En esta oportunidad, la CAM le impuso al actor una sanción de más de $ 4 millones y el deber de suspender la tala o quema que elimina el bosque natural en el predio La Montaña de la vereda Gallardito, municipio de Elías. Además, determinó que debía sembrar por lo menos 500 árboles, cercar y delimitar la zona protegida de la ronda de nacimiento de la fuente hídrica y remover los cultivos que hubieren sido sembrados dentro del área (C. P. Nubia Margoth Peña Garzón).