La Fiscalía General de la Nación no debe asumir la responsabilidad administrativa y patrimonial alrededor de los daños que sufrió la familia de un indígena de la comunidad Embera Katíos que recibió un cadáver que no correspondía al de su familiar, muerto por un disparo con arma de fuego. En reciente decisión, el Consejo de Estado revocó la sentencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba declaró al mencionado ente como la autoridad responsable de indemnizar los perjuicios y, además, a ofrecer una capacitación sobre el procedimiento de entrega digna de cadáveres a familiares, que se debía dirigir a fiscales y empleados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). De acuerdo con el fallo de la Sección Tercera, existe contradicción en la identificación del daño, pues uno de los testigos señala que la congoja proviene de la errónea identificación del cadáver, mientras otro manifestó que en el miedo que tiene la comunidad de ser víctima de otras muertes violentas. Además, precisó, no se allegaron otros elementos que permitan establecer un nexo causal entre el actuar de la Fiscalía y el sufrimiento propio de no poder llevar a cabo la velación, según las costumbres del grupo étnico. Así las cosas, no se demostró la relación entre el sufrimiento padecido por los demandantes (daño moral) y la entrega del cadáver (C. P. Marta Nubia Velásquez Rico).