Al resolver un caso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado unificó jurisprudencia en torno al hecho generador, la exegibilidad de la plusvalía y zanjó la discusión jurisprudencial en torno a la expresión “autorización específica” consagrada en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997. La Sala estudió el hecho generador de la participación de la plusvalía por parte de las entidades a partir del contenido del artículo 8 de la mencionada Ley. En este sentido, la Corporación resaltó la diferencia entre acción y actuación urbanística y explicó que el hecho generador se desprende de la primera, pero precisó que no toda acción urbanística consolida el hecho generador. Finalmente, luego de reconocer las dos posiciones jurisprudenciales en tensión adoptó la siguiente regla: “A efectos del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, la autorización específica que configura el hecho generador de la participación en plusvalía es la acción urbanística, entendida en los términos del artículo 8º ibidem, que permita la destinación del predio a un uso más rentable o incrementar el aprovechamiento del suelo, en los eventos señalados en la disposición. La acción urbanística podrá estar contenida en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollan o complementan (art. 9 Ley 388 de 1997) e incluso se podrá generar una nueva acción urbanística en vigencia de un mismo plan. La participación en plusvalía se causa siempre y cuando el ente territorial, previo a la acción urbanística, haya adoptado dicha exacción”. Por último, explicó que la regla fijada “rige para los trámites pendientes de resolver en sede administrativa y judicial, [pero no] podrá aplicarse a conflictos decididos con antelación” (C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez).