El juez debe resolver la solicitud de acuerdo con los argumentos presentados, para hacer efectivo el derecho sustancial de las partes e intervinientes a obtener una decisión de fondo
La Contraloría insistió en que no es viable realizar el pago correspondiente a los meses de octubre y noviembre, pues no se prestó el servicio de justicia.
El papel del defensor de familia se limita al acompañamiento en diligencias y actuaciones procesales, con el fin de hacer valer la especial condición constitucional del menor.
Aunque el Legislativo ha discutido proyectos sobre parejas del mismo sexo, eutanasia y aborto, los debates aún no se traducen en normas que otorguen seguridad jurídica en estas materias.
Estas medidas deberán adoptarse según la duración del tratamiento médico recomendado y hasta por un término de seis meses, prorrogable por un periodo igual.
Los notarios no son una autoridad administrativa a la que de manera excepcional, y en materias precisas, se le pueda atribuir funciones jurisdiccionales.
La complejidad del asunto, la cantidad de pruebas, la inasistencia de las partes y las obligaciones del juez frente a otros procesos permiten que no se realice en una sola audiencia.
Esta instancia debe convertirse en una herramienta para discutir y hacer seguimiento a las iniciativas encaminadas a garantizar una justicia inmediata, afirmó la ministra.
La rectificación que hagan los operadores judiciales no puede desconocer la confianza legítima que los sujetos procesales depositaron en la autoridad pública.
La falta de regulación específica en esa materia no autoriza al juez administrativo a acudir indistintamente a la Ley 80 o a las reglas civiles o comerciales.
Algunos aspectos de la vigencia se flexibilizaron, en atención a los problemas con la implementación de la oralidad sobre los que ha advertido la Procuraduría.
Para poner en marcha el nuevo procedimiento sería necesario adecuar tecnológicamente los despachos y realizar un estudio de costos, indicó el Ministerio Público.
El error en la recolección del elemento material debe ser grave y afectar la estructura del proceso, para que pueda declararse su ilicitud o su ilegalidad.