Propietario cuyo bien es ocupado ilegalmente puede acordar suspensión de servicios públicos

Si no se presenta alguna de las causales para que se rompa la solidaridad en materia de servicios públicos domiciliarios, el propietario afectado por la ocupación ilegal de su predio puede llegar a un acuerdo con los ocupantes para suspender o terminar el contrato de condiciones uniformes, señaló la Superintendencia de Servicios Públicos.

En este caso, debe haber consenso con los eventuales afectados con la medida de suspensión temporal o definitiva del servicio, pues, sin importar la condición que ostenten frente al inmueble, es decir, arrendatarios, poseedores u ocupantes, tienen el derecho constitucional y legal de recibir servicios públicos domiciliarios, precisó la entidad.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones civiles y policivas que puede iniciar el propietario para terminar con la perturbación de su derecho de propiedad y solicitar la indemnización de perjuicios que le corresponda.

Excepciones a la solidaridad

Existen distintas excepciones a la aplicación de la solidaridad, además de la ruptura por no suspender el servicio luego de dos periodos consecutivos de facturación, en caso de que sea bimestral, o de tres periodos, cuando esta sea mensual. Algunas de ellas se dan cuando:

- El arrendador denuncia el contrato de arrendamiento ante la empresa prestadora de servicios públicos.

- El contrato de servicios públicos ha perdido vigencia, al momento de enajenar el inmueble.

- El propietario no participa en los acuerdos de pago.

- Se instalan servicios adicionales y el inmueble está en mora.

- Un tercero distinto al propietario solicita servicios públicos.

- Se presenta traslado de líneas telefónicas.

- Se aplican facilidades comerciales a través de la factura.

- No hay solidaridad entre coarrendatarios, salvo que a la vez sean usuarios.

(Superservicios, Concepto 100, feb. 21/12)