La Sección Primera del Consejo de Estado reiteró que la Ley 617 del 2000 no reguló íntegramente las causales de pérdida de investidura, por eso, las demás disposiciones sobre la materia no están derogadas. Al respecto, indicó que esta norma pretendió fortalecer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de concejales y diputados mediante la ampliación de causales de pérdida de investidura y no realizó una derogatoria total de las leyes relacionadas. Por otro lado, indicó que la inhabilidad para ser concejal por ser empleado público del municipio exige probar esta condición y que en ese tiempo se haya ejercido jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar o la intervención como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, recordó (C. P. Marco Antonio Velilla).