El Consejo de Estado accedió a la petición formulada por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de darle prelación a la demanda contra el acto del 14 de junio del 2006 denominado “Apoyo a la Justicia Penal Militar”, suscrito por el Ministro de Defensa y el Fiscal General de la Nación.

Dicho acto imparte directrices al Comando General de las Fuerzas Militares, a los funcionarios de la Justicia Penal Militar y a los directores nacionales y seccionales de fiscalías y del Cuerpo Técnico de Investigación sobre aspectos procesales relacionados con el manejo de la evidencia probatoria, la cadena de custodia y el conocimiento inicial de investigaciones.

El jefe del Ministerio Público argumentó que se trata de un tema de especial trascendencia social, toda vez que se requiere definir de manera expresa el procedimiento que deben desplegar la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa cuando ocurran delitos de homicidio simple y homicidio en persona protegida como resultado de las operaciones de las Fuerzas Militares.

Así mismo, señaló que el establecimiento de las competencias de los funcionarios es determinante no solo para optimizar la investigación judicial, sino para esclarecer la aplicación y vigencia del fuero penal militar, en cada caso particular.