Congreso archiva la reforma a la justicia

El Congreso de la República hundió la polémica reforma a la justicia, en las sesiones extras convocadas por el presidente Juan Manuel Santos. El proyecto de acto legislativo fue archivado con el voto favorable de  117 representantes y 73 senadores.

Durante las sesiones, las plenarias de la Cámara y el Senado discutieron las objeciones presentadas por el Presidente de la República a la reforma constitucional.

El mandatario sostuvo que, con el archivo del proyecto, los congresistas le evitaron un gran daño al país, y lamentó que los errores cometidos opacaran el trabajo realizado por el Legislativo durante este periodo.

“Es una lástima que por esto que ha sucedido y que no ha debido suceder, se esté opacando, y ojalá no se opaque, la labor muy efectiva que se ha hecho en materia legislativa en las últimas dos legislaturas”, afirmó.

Además, señaló que, desde el principio, el Gobierno asumió su cuota de responsabilidad. De hecho, el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, tuvo que presentar su renuncia al cargo. 

Precisamente ayer, durante las discusiones, varios congresistas que participaron en la conciliación de la reforma  afirmaron que los textos fueron conocidos y aprobados por el Ejecutivo. Para respaldar esta afirmación, divulgaron  un video en el que Esguerra le agradecía  al Congreso la aprobación del acto legislativo.  

La polémica reforma

A pesar de la oposición de varios sectores de la Rama Judicial y la opinión pública, el proyecto de reforma constitucional a la justicia había logrado superar los ocho debates en el Congreso de la República.  

Tras los fracasos del gobierno anterior en sus intentos por reformar la administración de justicia, la iniciativa, también de origen gubernamental, cumplía viejas aspiraciones, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones, la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, entre otros temas.

Sin embargo, las modificaciones que incluyó la comisión de conciliación en el texto definitivo causaron gran malestar, pues, entre otras cosas, los parlamentarios redujeron las causales de pérdida de investidura y dejaron sin régimen de transición los juicios contra funcionarios aforados que se encuentran en curso.

Ante estos hechos, Santos anunció que objetaría la reforma, por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, y que llamaría a sesiones extraordinarias al Congreso, con el fin de archivar la iniciativa. “Como presidente de todos los colombianos, obrando en conciencia, tengo el deber de impedir que esto prospere”, afirmó el mandatario.

El anuncio de Santos encendió un nuevo debate jurídico, sobre la posibilidad de que el Presidente de la República objete un proyecto de acto legislativo y llame a sesiones extra al Congreso para sepultarlo definitivamente.

Algunos expertos consideran que las reformas constitucionales deben tramitarse en dos periodos ordinarios y consecutivos, los cuales, en este caso, ya habían finalizado. Además, la jurisprudencia constitucional comúnmente aceptada ha señalado que la objeción  de este tipo de iniciativas no es procedente.

La discusión sigue sobre la mesa.