La Corte Constitucional publicó la sentencia en la que se declaró inhibida para decidir respecto de la demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 del 2011, sobre causales de pérdida de investidura de los congresistas. Frente a la distinción entre reforma y sustitución constitucional, la carga argumentativa que debe cumplir el actor es superior a la necesaria en demandas de inconstitucionalidad de leyes ordinarias, pues además de sustentar y demostrar los cargos pertinentes, debe desvirtuar la presunción de que el Congreso obró en ejercicio de sus competencias. De esta manera, la Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia sobre los vicios de competencia y la tesis sobre sustitución de la Constitución. Esta posición se desarrolla por el alto tribunal desde la sentencia C-551 de julio 9 del 2003, con la que realizó el control previo y automático de constitucionalidad a la Ley 796 del 2003, que convocó a un referendo constitucional (M.P. Nilson Pinilla).