Reserva de identidad de mujeres que abortan no se limita a casos autorizados

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reveló que, en cumplimiento de  la jurisprudencia constitucional sobre el aborto, se abstuvo de solicitarles a los jueces que informen a la Procuraduría los nombres de las mujeres que se han practicado dicho procedimiento.

En marzo pasado, la Procuraduría pidió que la Sala difundiera entre todos los jueces de la República la Circular PSAC12-6 del 21 de febrero del 2012, que exhortaba a los funcionarios a divulgar la identidad de las mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo.

De acuerdo con esa circular, “la reserva ordenada por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional no tiene ni puede tener otro propósito que reservar la identidad e intimidad de las niñas, adolescentes y mujeres que solicitan o se practican un aborto o IVE porque entran dentro de las causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, y en todo caso resulta inoponible a la Fiscalía General de la Nación, sobre todo para el caso de los abortos que se practican cuando el embarazo es fruto de una conducta delictiva”.

Tras recibir la solicitud, la Sala Administrativa decidió consultarle a la Corte Constitucional cuál era el correcto entendimiento de su jurisprudencia.

En su respuesta, la Corte recordó que, en el Auto 096 del 2012, reiteró que la reserva de la identidad de la peticionaria opera siempre que se interponga una tutela para exigir el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, con independencia del resultado del proceso.

En virtud de lo anterior, la Sala decidió abstenerse de solicitarles a los jueces la información solicitada por la Procuraduría y, en su lugar, le remitió el auto señalado por la Corte.

De este modo, concluyó que la reserva no está limitada a los casos en que el juez determine que la accionante está inmersa en las causales establecidas en la Sentencia C-355 del 2006, “como parece entender el Procurador General de la Nación”.