A la fecha, se ha adjudicado la construcción de cerca de 27.000 unidades habitacionales del programa, en 46 municipios de 18 departamentos, informó el Ministerio de Vivienda.
Un informe presentado por el director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yury Fedotov, plantea la despenalización del consumo de drogas.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Corte Constitucional la revisión de dos casos en los que se evidencian irregularidades en este proceso.
Este procedimiento deberá realizarse para el trámite de las solicitudes vigentes ubicadas en zonas de minería indígena, de comunidades negras o mixtas.
Aunque las actuaciones del procedimiento administrativo sancionatorio cambiario están sometidas a la garantía del debido proceso, este no es un derecho absoluto.
Las EPS deben asumir los costos de trasporte del acompañante del paciente cuando esté acreditado que este último no se encuentre en la capacidad de trasladarse por sí mismo.
Etas medidas no constituyen un prejuzgamiento sobre la violación de derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos u otros instrumentos aplicables.
El Ministerio Público pidió que el artículo 2º del Proyecto de Ley 141/13S–146/13C sea declarado exequible, siempre y cuando se garantice que Colombia tenga representación en el organismo.
Dentro de los trámites de evaluación de la solicitud, se contemplan visitas de verificación y viabilización del área, que tendrán en cuenta aspectos técnicos y de seguridad minera.
El alto tribunal advirtió que los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres son “la manifestación más brutal de la discriminación que padecen”.
Los resultados que se entregarán a través de la página web de la Registraduría y los medios de comunicación tienen carácter informativo, pero carecen de valor jurídico vinculante.
Los conceptos de la DIAN no son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando solo manifiestan una opinión, pero sí cuando producen efectos jurídicos.
Los tutelantes carecen de legitimación para exigir el respeto al debido proceso, pues lo discutido solo afecta al propio disciplinado, no a sus electores.
Aunque el legislador goza de libertad para regular los instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe obrar cuidadosamente, advirtió la Corte Constitucional.
Para establecer el valor comercial del bien, el perito debe estudiar las ofertas y transacciones recientes de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo.
Según el Acto Legislativo 1 del 2009, artículo 9º, parágrafo 1º, si los votos en blanco son la mayoría de los votos válidos, se debe repetir la elección por una sola vez.
Inicialmente, señaló que la norma se había declarado exequible, pero, una semana después, indicó que el fallo fue inhibitorio. El texto de la sentencia confirmó la primera información.
El Director del Centro Jean Monnet de New York University participa hoy en el foro que realiza la Universidad de la Sabana como acto inaugural de su Maestría en Derecho Internacional.
El Procurador General de la Nación afirmó estar de acuerdo con una eventual reforma de la entidad, pues no tiene “ninguna actitud cerrada en esa materia”.
El alto tribunal condenó a la Nación a pagar más de 3.000 millones de pesos, como indemnización por la detención injusta de señalados de asesinar Luis Carlos Galán Sarmiento.
La administración no puede incluir ese tipo de condiciones al ejercicio de una actividad contractual propia del derecho privado, a menos que una norma legal o constitucional que lo indique.
Si se comprueba que el usuario actuó de manera diligente en el uso de las condiciones de seguridad aplicables, no hay lugar al cobro de la suma objeto de reclamación.