Fiscalía deberá indemnizar desaparición forzada de persona que tenía detención domiciliaria

Las autoridades públicas tienen la obligación de velar por la integridad y la seguridad de todas las personas que estén sometidas a custodia y protección por privación de la libertad, recordó el Consejo de Estado.

Con esta advertencia, la corporación al condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagarle más de 1.400 millones de pesos a la familia del excontralor de Sonsón (Antioquia), que, a pesar de encontrarse en detención domiciliaria y bajo la responsabilidad del ente investigador, el 12 de junio de 1994 fue sacado abruptamente de su lugar de detención por hombres armados que se identificaron como funcionarios de la Fiscalía.

El alto tribunal aclaró que la sentencia no cuestiona el beneficio de la detención domiciliaria, sino el incumplimiento del deber de custodia y protección, que facilitó la comisión de un delito de lesa humanidad.

Además, el hecho de que no se haya podido establecer la identidad de los plagiarios no exime a la administración de responsabilidad, pues esta debía desplegar la actividad necesaria para proteger al detenido.

“Incluso, si no se contaba con el apoyo de autoridades carcelarias y de policía no se garantizaba la protección requerida luego que el detenido hubiese denunciado amenazas por parte del senador Fabio Valencia Cossio y del comandante de la Policía de Sonsón, capitán Héctor Fabio Pérez Cárdenas, así como de candidatos a la Alcaldía”, agregó.

Finalmente, el Consejo recordó que, según jurisprudencia de la Corte Constitucional, el deber de protección de las personas privadas de la libertad, respecto del derecho a la vida, no admite excepciones.

(Consejo de Estado, Comunicado, C.P Stella Conto Díaz del Castillo)