Mediante el Decreto 546, el Gobierno hizo efectiva la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación a Juan Carlos Claros Pinzón, gobernador del Caquetá para la época de los hechos, consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis meses, que se convertirá en una multa por $ 38´514.198.