El Invías, la Gobernación del Magdalena y un grupo de empresarios de la construcción tendrán que dar explicaciones sobre la licitación para la construcción del programa vías de la prosperidad, cuyo costo supera los $ 460.000 millones y que se encuentra suspendida luego de adjudicada por decisión de la Corte Constitucional. El alto tribunal fijó el próximo 13 de marzo como día para la realización de una audiencia pública a través de la cual se espera conocer las posturas de las partes y demás interesados en la licitación concedida al consorcio Ribera Este. El Gobierno Nacional, a través del Invías, se ha opuesto a la adjudicación porque, a su juicio, se dieron varias irregularidades en la etapa precontractual que atentan contra el régimen que regula la materia para el caso de las entidades oficiales. La diligencia contará con la presencia de los demás proponentes, la Procuraduría, la Contraloría, Planeación Nacional y las alcaldías de los municipios de Palermo, Sitionuevo, Remolino y Salamina, por donde pasará el tramo en cuestión (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).