Procuraduría pide constitucionalidad de norma que la faculta para inhabilitar funcionarios (4:44 p.m.)

La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la competencia del Ministerio Público para inhabilitar funcionarios que incurran en faltas gravísimas dolosas o con culpa grave (inciso 1º del artículo 44 de la Ley 734 del 2002). A su juicio, tal atribución no constituye un desconocimiento de los artículos 277 y 278 de la Constitución, que establecen los deberes y funciones a cargo del jefe del organismo de control disciplinario. Indicó que, de acogerse la tesis según la cual se viola el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos al imponer ese tipo de sanciones a funcionarios elegidos popularmente, sin la existencia de una sentencia penal, se llegaría al absurdo de generar la nulidad de varias decisiones atadas a esta potestad, contenida en la Carta Política de 1991. En su criterio, el actor pretende poner en tela de juicio la competencia que la propia Constitución y el Código Único Disciplinario le han dado al Procurador para tomar ese tipo de decisiones, aun cuando no estén sustentadas en una actuación penal. Además, pidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-026 del 2006, por medio de la cual la misma Corte declaró constitucional el texto demandado.