Al declarar improcedente una acción de tutela que pretendía agilizar un trámite de adquisición de un bien ubicado en un área de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surtía de agua a un acueducto rural, la Corte Constitucional estableció que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues existen mecanismos ordinarios judiciales y trámites administrativos para ello. En ese sentido, reiteró que el amparo tampoco procede cuando se reclaman indemnizaciones de perjuicios o prestaciones económicas (M. P. Mauricio González).