La aplicación de los manuales de convivencia no es suficiente para solucionar los problemas de violencia escolar y “matoneo”. Además, es necesario verificar si estos les brindan una garantía real a los derechos de los niños y los adolescentes.

Con esta advertencia, un juez penal de Bogotá le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar la conducta de las directivas de un colegio de la capital que habrían retenido documentación relacionada con un caso del bullying.

El funcionario recordó que los docentes deben identificar, reportar y hacerles seguimiento a estos casos, y contribuir con la construcción de ambientes de aprendizaje democráticos y tolerantes. Además, los manuales de convivencia deben contener nuevas formas y alternativas para dirimir los conflictos pacíficamente, en las que el educador tenga un papel de mediador.

La sentencia ordena remitir copias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Secretaría de Educación del Distrito, para que determinen si, en este caso, se adoptaron los protocolos necesarios, se conformaron adecuadamente los comités de convivencia y si el manual acoge los planteamientos expuestos en la Sentencia T-905 del 2011, la Ley 1620 del 2013 y el Decreto 1965 del mismo año.

(Juzgados, Sentencia 20130307, ene. 30/14)

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