El presidente Santos informó sobre el proceso que se adelanta en La Habana para un nuevo acuerdo con las Farc, se ha logrado avanzar en justicia, participación en política y protección a la propiedad privada.
¿Es la restitución de tierras un incentivo para el retorno en la región de Urabá? Partiendo de esta pregunta, se analiza la medida de restitución de tierras como una forma para reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Dice el autor de la iniciativa que la obligatoriedad en la distribución de la riqueza entre hijos implica una ineficiente asignación de recursos, lo cual reduce el bienestar social.
Son grandes los retos que les esperan a las facultades de Derecho del país para la construcción de la nueva sociedad de paz en Colombia. Análisis de Acofade.
Será difícil lograr que más gente se involucre en este proceso de búsqueda de ese objetivo que es la paz (¡increíble!). Así que ese 30 % que votó en esta última jornada tendrá que ser activo.
El presidente Santos acaba de invitar a los expresidentes Pastrana y Uribe a dialogar mañana miércoles. Estos son los temas álgidos que se replantearían a las Farc.
La negación del acuerdo quita legitimidad a lo negociado por el Gobierno Santos y la oposición renueva su peso político para ser incluida en el proceso.
La aplicación irreflexiva y mecánica de esta figura en estas controversias genera una abierta y ostensible denegación de justicia, afirmó la Corte Suprema.
Así lo recordó el Consejo de Estado al explicar que no se pueden efectuar titulaciones de baldíos a quienes sean poseedores o propietarios de otros bienes rurales y si las extensiones exceden los límites máximos señalados para las UAF.
Todos los analistas del conflicto coinciden en que sus raíces se hunden en el problema agrario. Avanzar en la solución de estos temas es condición insoslayable para alcanzar la paz.
La posibilidad de arreglar el conflicto por esta vía no hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso, indicó la Corte Constitucional.
El Presidente de la República se dirigió al Congreso y radicó el acuerdo de paz, junto con la carta en la que informa la convocatoria al plebiscito. Descargue el acuerdo logrado en La Habana.
Las delegaciones del Gobierno y las Farc anunciaron la culminación de la agenda de negociaciones y el acuerdo definitivo de paz. El 2 de octubre se vota el plebiscito.
El proyecto de ley pasa a estudio de la plenaria de la Cámara de Representantes, para ser discutido en segundo debate, luego de que fuera aprobado por la Comisión Quinta, en primer debate.
La política pública hacia el estímulo de la agroindustria debe orientarse más en dotar a las zonas rurales de los bienes públicos que carece que hacia los subsidios y exenciones indiscriminadas.
Una acción de inconstitucionalidad sostenía que al prohibirla en un proceso donde participan las víctimas del conflicto armado interno resulta vulnerado el ordenamiento jurídico superior.
Trascendental sentencia estudia varias disposiciones del Código de Minas, en especial el procedimiento de propuestas de concesión minera y los derechos de los pueblos indígenas y afro de Colombia.
El Decreto 1273 reglamentó la identificación de las zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, los requisitos específicos de los proyectos productivos y las causas de su inadmisión, entre otros temas.
Se llevó a cabo la primera Sala Plena del mes. Hubo pronunciamientos sobre información pensional, conciliación en Ley de Víctimas, impuesto al consumo y métodos reproductivos.
Entre los delitos que les fueron imputados se encuentran el de cohecho en todas sus modalidades, concierto para delinquir, prevaricato y concusión. Conozca las características delictivas.
Es necesaria una nueva regulación sobre esta materia, dada la falta de certeza jurídica que han generado los fallos de la Corte Constitucional al respecto.
En una acción de inconstitucionalidad se acusaba la expresión “exenta de culpa” de la Ley de Víctimas. La ponencia estuvo a cargo de la magistrada María Victoria Calle.
No solo del avance tecnológico, también de distintos cambios en el país y la sociedad surgen nuevas disciplinas en las que el abogado no puede quedarse atrás y debe prepararse académicamente para prestar una buena asesoría a sus clientes.
Durante un foro organizado por Legis, se manifestó la preocupación por un eventual incumplimiento del Gobierno en las demandas sociales que repercutirían en mayor congestión judicial.
Los informes presentados en el marco del cumplimiento de la T-488 del 2014 no contienen los insumos solicitados para analizar el grado de cumplimiento de las órdenes emitidas.
Con la asistencia de magistrados de la Corte Constitucional y del contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, se realizó la presentación, en la Universidad del Rosario, del libro Memorias sobre el Encuentro constitucional por la tierra.
Según advierte el fallo, esta forma de terminación del proceso no puede ser aceptada en la restitución de tierras debido a su carácter excepcional y de interés público.
El origen de la soberanía alimentaria está relacionado con la lucha del campesinado contra su explotación y extinción (proletarización) a manos de la agricultura capitalista.
En vigencia de la Ley 1448 del 2011, ya se han restituido 201.000 hectáreas. Un área equivalente a la del departamento del Quindío. El 95 % de los fallos proferidos le han dado la razón a los reclamantes.
Es preciso garantizar que la información acopiada en las eventuales investigaciones, con base en la cual ha de administrarse justicia, sea la más confiable, exacta y oportuna.
En este tipo de procedimientos las autoridades deben implementar las medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de los afectados, precisó la Corte Constitucional.
La política agraria no solo es repartir tierras peladas, como se decía en los tiempos del Incora, es también, y ante todo, una política de desarrollo rural integral.
Una sentencia de un juzgado especializado en restitución de tierras afirma que estos derechos poseen una gran importancia para la cultura y valores espirituales de los pueblos nativos.
Era un lector e intérprete que, como buen italiano, partía de Dante y de sus cuatro vías, para descifrar un texto: lo literal, lo alegórico, lo moral y lo anagógico.
Juan Camilo Restrepo, Luis Ignacio Betancur y Diana María Ocampo analizan la Sentencia C-623 del 2015 de la Corte Constitucional, sobre el recurso de revisión en procesos agrarios.
Varios congresistas y organizaciones campesinas demandaron la Ley 1776 del 2016. La demanda ataca varios artículos de fondo, así como la totalidad de la ley por vicios de forma.
José Agustín Suárez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, habló con ÁMBITO JURÍDICO sobre las medidas que están tomando respecto al paro judicial y cómo se prepara para entregar la administración de la Rama Judicial.
La Corte Constitucional indicó que la existencia de títulos mineros no puede prevalecer sobre el derecho fundamental al medio ambiente. Varias disposiciones del plan nacional de desarrollo 2014 – 2018 fueron retiradas del ordenamiento jurídico.
Gobierno solicitó a la ONU creación de una misión especial para verificar el cese al fuego bilateral y la dejación de armas y aclaró que no se trata de una misión de cascos azules.
La Sala Plena de la Corte Constitucional dio a conocer el texto definitivo de la sentencia que declaró exequibles los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 27 de la Ley 1682 del 2013.
A través de ocho decretos, se liquida el Incoder y se crean la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia para la Renovación del Territorio.
La Corte Constitucional informó sus últimas decisiones. Hubo unificación de jurisprudencia sobre el registro civil para hijos de parejas LGBTI y sobre subsidiariedad en la acción de tutela.
La Corte Constitucional publicó el fallo que describe las situaciones en que el juez no está obligado a decretar y a practicar pruebas para establecer la propiedad de predios en discusión.
Deberá estar enfocado a contrarrestar los factores estructurales de contaminación ambiental y deterioro de los ecosistemas desde sus fuentes originarias, indica un fallo de la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional describe las situaciones en que el juez no está obligado a decretar y a practicar pruebas para establecer la propiedad de predios en discusión.
Las dos propuestas guardan algunas similitudes, como partir de un enfoque contrario a la erradicación forzada, pero presentan diferencias importantes, sobre todo en la cobertura.
Ámbito Jurídico consultó a destacados expertos sobre el acuerdo anunciado en La Habana en materia de justicia transicional. Derechos de las víctimas, penas alternativas, jurisdicción penal y reformas legales, algunos de los temas claves.
Será dirigida por el exministro Eduardo Díaz y abarcará seis frentes de trabajo: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, consumo y reforma institucional.
Esta semana, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó, en primer debate, el reconocimiento de prima de servicios a trabajadores del servicio doméstico.
El propósito es establecer los deberes de la Nación, municipios y alcaldías sobre la implementación de la norma sobre restitución de tierras y atención a víctimas del conflicto.
El presidente Santos dijo que la constituyente está descartada y subrayó que esto no implica que se esté desmontando de la refrendación de los acuerdos con las FARC.
El conflicto y su impacto sobre buena parte de la población campesina, en especial el despojo de seis millones de hectáreas, se insinúan en los datos preliminares del Censo Agropecuario.
En toda sociedad formalmente moderna, las reglas proferidas por el Estado conviven con reglas sociales, que en algunos casos las complementan y en otros las cuestionan.
En octubre se cumple un nuevo aniversario de esta norma. El balance es agrio en materia de cumplimiento, pero con importantes interrogantes sobre su eficacia.
La Corte Constitucional publicó el comunicado de su Sala Plena de este miércoles y jueves, en la cual discutió la naturaleza jurídica de los cargos de magistrados de restitución de tierras y el impuesto de normalización tributaria.
Para la Contraloría, debe ampliarse el periodo de vigencia de la ley para enfrentar adecuadamente el impacto financiero del crecimiento del Registro Único de Víctimas (RUV).
La Corte Suprema advirtió que, en muchos casos, se debe comisionar a operadores con jurisdicción en la zona de residencia de la víctima para que la notifique personalmente.
La Defensoría del Pueblo radicó un proyecto que pretende reformas a la acción de tutela, mientras que la Fiscalía General de la Nación insiste con modificar el sistema penal acusatorio.
Bajo los actuales diálogos de paz, reviven y aumentan las críticas a los resultados de la aplicación de la Ley 975 del 2005 y su reforma, durante su primer decenio.
En la legislatura 2015 - 2016 continuará el trámite de varias iniciativas promovidas por el Gobierno, como el nuevo Código de Policía y la que crea las Zidres. Se espera propuesta reglamentaria de Equilibrio de Poderes.
La ley del plan, en su artículo de vigencias y derogatorias, afecta 18 leyes, como el Código de Tránsito, la reforma a la salud, la Ley de Regalías, la reforma penitenciaria y el régimen de las asociaciones público privadas.
El título relacionado con la promoción de la justicia comprende aspectos referentes a la acción de tutela, algunos trámites procesales en materia civil y de familia, entre otros.
La Corte Constitucional advirtió que la prohibición de revelar estos datos no se extiende a todos los documentos, pues se limita a datos privados y sensibles.
La posesión como tercero de buena fe exenta de culpa se prueba si quien adquiere las tierras demuestra que hizo lo necesario para que la transferencia no estuviera viciada.
El Minambiente derogó el numeral 10 del artículo 24 del Decreto 2041 del 2014, teniendo en cuenta que la certificación no reporta la información vigente al ser requerida por la autoridad.
El gran reto consistirá en armonizar los ajustes de las bases catastrales a los valores comerciales de la propiedad inmueble con el cobro razonable del impuesto predial.
Según la fundación suiza Assessment Capacity Project, el nivel de violencia actual en Guatemala es equivalente al de un país con un conflicto armado convencional.
Según la Procuraduría, ese plazo es insuficiente para recibir tales declaraciones, debido a la falta de conocimiento de la ley que tiene la población víctima.