¿Qué puntos se renegociarían con las Farc?

Los que pediría el Centro Democrático (CD)

Lo que se acordó con las Farc

Debe haber cárcel

Para el CD, el artículo 60 del acuerdo de justicia no contempla penas privativas de la libertad en condiciones carcelarias para los jefes guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

Así, se violaría el Estatuto de Roma, que en el artículo 77 exige “reclusión” para estos delitos; tampoco se cumpliría la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige sanciones severas.

Esta objeción se refiere a los altos mandos, pues el senador Uribe pide que los guerrilleros rasos sean beneficiarios de una ley de amnistía.

Las sanciones de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que se impondrían a quienes reconozcan verdad y responsabilidad respecto a determinadas infracciones muy graves tendrían un mínimo de duración de 5 años y un máximo de 8. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión.

Las sanciones que se impondrían cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad no serían inferiores a 15 años, ni superiores a 20.

Sin participación en política

Que los responsables de delitos atroces no sean elegibles. Según el partido, “Nada justifica la elección de ‘Timochenko’ al Senado o a la Presidencia; o de ‘Iván Márquez’ a la Gobernación de Caquetá”.

La imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición no inhabilitaría ni limitaría el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política.

No a procedimiento legislativo especial

Se afirma que se pretende, con una expedición de reformas legales exprés, alterar el espíritu de la Constitución de 1991; además, que las facultades extraordinarias al Presidente de la República exceden los límites de la Carta y la ley.

En realidad esto no hace parte expresa del Acuerdo, más bien se refiere al Acto Legislativo 01/16, que establece un procedimiento legislativo especial para la implementación de lo acordado, el trámite de reformas a la Constitución y de expedición de leyes en un tiempo reducido. Además, Santos podría expedir decretos con fuerza de ley.

No a Jurisdicción Especial para la Paz

“No se puede admitir que en lugar de reformar la justicia colombiana se cree, en su reemplazo, un tribunal de las Farc, mediante el cual se busca la absolución de los responsables de atrocidades y, a manera de venganza, el encarcelamiento de policías, soldados y civiles, quienes han sido considerados por el grupo ilegal como ‘un estorbo’”.

Según el CD, los militares y policías quedarán expuestos a ser igualados con la guerrilla y a reconocer delitos no cometidos para evitar el riesgo de ir a la cárcel.

Los objetivos del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno.

Respecto a los agentes del Estado, se establece un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo.

Sobre los integrantes de las Farc se tendrá en cuenta como referente jurídico el DIH, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional penal.

Sí a la extradición

El argumento sobre el narcotráfico es que se abre la puerta para que el lavado de activos, la minería ilegal, la extorsión e incluso el narcotráfico tengan conexidad con el delito político.

Además, denuncian que se elimina la extradición como herramienta para el combate al narcotráfico.

La conexidad con el delito político  comprenderá las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión.

No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este, trátese de delitos amnistiables o no, en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo.

Rechazo a la reforma agraria

Quedó establecido que se podrá hacer una expropiación administrativa a quienes han adquirido sus tierras legalmente, dicen los líderes del uribismo.

El acuerdo sentaba las bases para la transformación del campo y crear condiciones de bienestar de la población rural.

Se propondría una ley de reforma rural integral que contemple un fondo de tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, actualización y modernización del catastro rural y una jurisdicción agraria para resolver los conflictos en torno a la tierra.