Faltan $ 33,6 billones para garantizar derechos de víctimas: CGR

La Contraloría General de la República (CGR) estimó un faltante de $ 33,6 billones para garantizar los derechos a la indemnización y a la vivienda consagrados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011). Así lo dejó consignado el organismo de control fiscal en su informe anual al Congreso de seguimiento a la política pública de asistencia, atención y reparación a víctimas y a comunidades étnicas víctimas del conflicto armado.

El informe señala además que, desde hace cinco años, la apropiación de recursos para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado es cercana al 2 % del presupuesto general de la Nación.

En atención a los cambios que ha mostrado la realidad frente a los supuestos que se tenían, la Contraloría propuso actualizar el plan financiero que acompaña la Ley 1448, a la luz del universo actual de víctimas y de los costos reales de las medidas de asistencia, atención y reparación integral contenidas en la ley.

De igual forma, sugirió que, desde ya, se piense en ampliar el periodo de vigencia de la ley para enfrentar adecuadamente el impacto financiero del crecimiento del registro único de víctimas (RUV) y cumplir cabalmente con la reparación integral.

La CGR encontró que con la implementación de la ley aumentó la cantidad de ayudas humanitarias entregadas, así como el número de grupos familiares beneficiados, pero el promedio de ayudas por familia disminuyó, lo cual es percibido por la población desplazada como una desventaja de la norma.

En materia de indemnización administrativa, también se ha avanzado; en el 2014, además de la indemnización que vienen otorgándose por Ley 418 de 1997 y Decreto 1290 de 2008, se incluyó a algunas víctimas de Ley 1448 del 2011.

No obstante, según la CGR, se presenta un rezago considerable si se tiene en cuenta que ya han transcurrido cuatro años de vigencia de la ley y el universo total de víctimas a atender ha aumentado. La Contraloría constató que no se han cubierto solicitudes elevadas por las víctimas en virtud de las normas citadas, previas a la Ley 1448.