Una iniciativa compuesta por siete artículos pretende derogar completamente la Ley 1728 del 2014, sobre distribución de terrenos baldíos a familias pobres del país. Según el texto radicado, se impondrían obligaciones a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dentro de las cuales estarían adelantar procesos de adquisición y expropiación de predios y determinar criterios metodológicos para el cálculo de las extensiones constitutivas de unidades agrícolas familiares (UAF) para fijar las extensiones máximas y mínimas de zonas homogéneas. En los casos en que existan áreas que excedan el tamaño de la UAF determinadas por la ANT, se les dará el carácter de predios rurales de la Nación y serán susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos. También se le otorgaría competencia para la adjudicación de baldíos y predios rurales de la Nación, aunque no adjudicará los situados dentro de los 250 metros alrededor de inmuebles donde se adelanten procesos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tampoco se podrían adjudicar terrenos en colindancia a carreteras del sistema vial nacional. Por otra parte, se establece la exclusividad para adjudicación de predios a las personas que tengan posesión y tenencia de los mismos, como a trabajadores y a pobladores de escasos recursos con fines sociales y productivos. En opinión del autor del proyecto, la titulación de tierras es un mecanismo que fomenta el arraigo de las comunidades a sus regiones y con ello se previene la siembra de cultivos ilícitos y genera un mayor desarrollo económico a estas áreas. Fue presentada la propuesta el pasado 18 de marzo y asignada a la Comisión Quinta de la Cámara, se está en espera del informe de ponencia para primer debate.