Políticas públicas para el posconflicto

Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

James Robinson causó un intenso debate en la prensa nacional al plantear, en dos artículos publicados en El Espectador, que el Estado colombiano era demasiado débil, cuando no capturado por el crimen organizado y la corrupción, como para llevar a cabo una restitución de tierras y menos una reforma agraria. Ante esa realidad, era mejor concentrar los esfuerzos en lo que sí podía hacer: avanzar la educación que ha logrado una cobertura universal y mejorar su calidad, aunque tampoco la tenía fácil por el clientelismo que caracteriza la gestión pública.

En un debate llevado a cabo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano el pasado 2 de julio, se discutieron los argumentos de Robinson; los de José Antonio Ocampo, director de la Misión Rural que prepara recomendaciones de política para el Gobierno; también de Darío Fajardo, historiador cercano al Partido Comunista Colombiano; y de Albert Berry, economista canadiense muy conocedor de la problemática agraria colombiana.

Robinson partió de lo que entiende como el equilibrio económico colombiano: una persistencia en niveles bajos de riqueza (15 % del PIB por habitante de EE UU en 1915 que se mantiene igual en el 2014); una relación perversa entre el centro político y la periferia, donde proliferan señores de la guerra (de izquierda y derecha) y, por lo tanto, hay poco Estado y casi ninguna justicia; allí, los derechos de propiedad son inseguros. La calidad misma de la democracia (compra de votos, clientelismo) impide que los ciudadanos puedan cambiar este equilibrio.

La naturaleza del Estado crea una sociedad fragmentada en la que las élites se benefician del pillaje de la periferia. En el siglo XIX se instituyó el derecho a la rebelión en la Constitución de 1863, algo que persistió no solo en la fase de guerras civiles, sino más allá, en la violencia de los años cincuenta del siglo XX y el posterior surgimiento de ejércitos ilegales (liberales, pájaros, comunistas, maoístas, elenos católicos y paramilitares); estos  impiden al día de hoy que el Estado detente el monopolio efectivo de los medios de violencia.

Ocampo planteó que para cambiar el campo se requería un enfoque territorial y empoderar las comunidades, impulsar la construcción de bienes públicos (desarrollo tecnológico, asistencia al campesino y vías terciarias) en vez de subsidios a los productores. La concentración de la tierra es una de las más altas del planeta y el 60 % no cuenta con título de propiedad. No obstante, señaló grandes avances creados por la descentralización con la proliferación de organizaciones locales y no gubernamentales que pueden servir como puntales para la democracia local. Agregó que el Gobierno debe comprar tierra para poderla adjudicar sin problema.

Fajardo defendió la reforma agraria enarbolada por las FARC desde 1964 y puntualizó que el conflicto había justificado la persecución del sindicalismo y un enorme recorte a la democracia; su fin mejoraría el sistema político y propiciaría constituyentes locales hacia una gran constituyente nacional.

Berry hizo una crítica sutil de Robinson mostrando que el apoyo a la agricultura familiar era una vía productiva de desarrollo y que la educación sin bases democráticas no garantizaría el crecimiento económico de largo plazo. El debate fue intenso y lo puede ampliar acá: http://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/educacion-y-tierras-hacia-la-reconfiguracion-del-agro-en-el-posconflicto