Después del proceso de paz, violencia: el caso de Guatemala

La versión oficial de la historia de la guerra guatemalteca proviene del informe que presentó la Comisión del Esclarecimiento Histórico, creada por el Gobierno en 1993. Según esta, el conflicto en Guatemala comenzó en 1960, cuando varios oficiales de izquierda intentaron derrocar al dictador militar Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963).

Tras el fracaso de su golpe, los rebeldes se exiliaron en la Cuba de Fidel Castro. En 1962, regresaron a su país para liderar una insurrección marxista en contra de la oligarquía guatemalteca. Esta, aliada con EE UU, concentraba en sus propias manos los medios de producción y utilizaba el aparato bélico del Estado para oprimir brutalmente a la población campesina e indígena. La lucha se mantuvo durante más de tres décadas y dejó aproximadamente 200.000 muertos –la mayoría víctimas del ejército–, hasta que cedieron varios gobiernos y se firmó la “paz firme y duradera”, en 1996.

El sociólogo e historiador Carlos Sabino, sin embargo, desconfía profundamente de la versión oficial de la historia guatemalteca. Afirma que “crear una comisión para que determine “la verdad” –tal como se ha hecho en Colombia– “es una monstruosidad epistemológica e histórica”.

Según Sabino, los rebeldes de 1960 intentaron derrocar al gobierno legítimo y civil de Ydígoras, un militar retirado que había ganado las elecciones del 58 legalmente. Agrega que la guerrilla, originalmente muy pequeña, no logró conseguir el apoyo del campesinado cuando se asentó en el oriente del país. Este era pobre, pero dueño de sus tierras, y sospechaba del colectivismo marxista impuesto por intelectuales blancos o “ladinos” de clase media.

Antes de 1970, la guerrilla guatemalteca se dispersó, en parte por presión militar, en parte por riñas entre maoístas y castristas, trotskistas y leninistas. De las usuales pugnas entre revolucionarios de izquierda surgieron muchas facciones insurgentes en distintas zonas de Guatemala: selva, costa y ciudad capital.

Sabino afirma que, desde la mitad de los 70, el ejército guatemalteco atacó brutalmente a los núcleos rurales donde las guerrillas lograron obtener apoyo, pero que los rebeldes también agredieron a poblaciones que favorecían al Estado.

Muchas poblaciones campesinas e indígenas, de hecho, se acercaron al ejército y le pidieron armas para defenderse de la guerrilla. Este fue el principio de las Patrullas de Autodefensa Civil que oficializó el dictador militar Efraín Ríos Montt, actualmente acusado de genocidio, en 1982.

Sabino concluye que la mayoría de los campesinos, incluyendo a la mayor parte de los indígenas, quedó expuesta al fuego cruzado, sin querer tomar parte en la guerra, razón por la cual la guerrilla nunca logró una insurrección popular verdadera.

El relato acerca de los orígenes y el transcurso de la guerra en Guatemala es sujeto a las interpretaciones de académicos y de la sociedad civil –así funciona la historia–, pero un hecho indiscutible es que, hoy, Guatemala no es un país en paz.

En el 2012, 16 años después de “la paz firme y duradera”, Guatemala tuvo una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes (la tasa de Colombia fue de 31 por cada 100.000, en el mismo año). Actualmente, Guatemala tiene la segunda tasa de homicidio infantil más alta del mundo.

En gran parte, esta violencia es una consecuencia del tráfico de drogas controlado por pandillas callejeras como las “maras”, las “bacrim” centroamericanas. Según la fundación suiza Assessment Capacity Project, el nivel de violencia actual en Guatemala es equivalente al de un país con un conflicto armado convencional.

Y según el profesor Anton Toursinov, también hay actores violentos de la vieja guerrilla guatemalteca que operan bajo la fachada de organizaciones no gubernamentales (ONG). Un ejemplo es el del Comité de Unidad Campesina (CUC), cuyos miembros están acusados de asesinar a 11 personas en septiembre del año pasado para sabotear la apertura de una fábrica cementera y de una carretera regional cerca de la capital.

Como nota Toursinov, la CUC y otras ONG violentas son financiadas por España, Holanda y otros países europeos, algunos de los cuales fueron garantes del proceso de paz con las guerrillas.

El caso de Guatemala demuestra que, en un país latinoamericano, la firma de un acuerdo de paz con grupos armados marxistas puede significar el inicio de la próxima fase de la violencia, especialmente si se mantienen intactas las estructuras del narcotráfico.