Consulta popular sería obligatoria para proteger territorios de campesinos

Así lo propone un proyecto de acto legislativo radicado el pasado cinco de abril, en el Senado de la República. Actualmente, el artículo 64 de la Constitución Política promueve el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y la protección de los trabajadores agrarios; sin embargo, en opinión del autor de la iniciativa, esta protección es deficiente para el campesinado.

La Corte Constitucional desde 1994 había caído en la cuenta de la necesidad de un mejoramiento sustancial en la calidad de vida de esta población, resaltando para ello el desarrollo de una estrategia de desarrollo rural.

Por su parte, Naciones Unidas resaltó la desigualdad y vulnerabilidad de las familias campesinas. Un estudio realizado en el año 2010 concluyó que cerca del 50 % de la población mundial que pasa hambre está compuesta por pequeños campesinos productores, cuya subsistencia depende principalmente de la agricultura pero que, contradictoriamente, no tienen suficiente acceso a medios productivos como la tierra, el agua y las semillas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la reforma se enfoca en estos puntos:

- Reconocimiento de los campesinos como sujetos de especial protección

- Promoción de políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, bien sea de manera individual, asociativa o colectiva

- Protección a las comunidades campesinas para mantener, controlar y desarrollar sus conocimientos tradicionales, recursos genéticos y semillas conforme a su modo de vida

- Fortalecimiento de la economía propia y el desarrollo de planes de vida

Consulta popular

La reforma reconoce el derecho que tienen las comunidades campesinas a participar de manera activa en el ordenamiento de su territorio y en los asuntos que les afecten.

Así pues, en los casos en los que se planee la realización de proyectos que impliquen la intervención o afectación de territorios campesinos o de tierras destinadas a la agricultura basada en la economía campesina o de recursos naturales existentes en estos territorios, el Presidente de la República, los gobernadores o alcaldes, según sea el caso, deberán realizar una consulta popular con los habitantes de las tierras o territorios afectados. La decisión tomada por la comunidad será de obligatorio cumplimiento.

Líneas de crédito

El proyecto de acto legislativo impondría como obligación del Estado garantizar el acceso a servicios de crédito, comunicaciones y asistencia técnica y empresarial en forma individual y colectiva a la comunidad campesina, con el fin de mejorar su ingreso y de garantizar el pleno goce de sus derechos.

Todos estos beneficios deberán ser reglamentados por leyes de la República, que se tramitarán con posterioridad a la expedición de la reforma a la Carta Política.

(Senado de la República, proyecto de acto legislativo 012/16S, Abr. 05/16)

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